A menos de 10 días de iniciado el año 2024, nuevamente la violencia ocupa los titulares en el mundo.
Qué rápido quedaron atrás los deseos y buenos augurios para el Año Nuevo. La inseguridad, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y la desarticulación de la autoridad estatal, resultado de la corrupción no cesan y muy por el contrario van en aumento.
Esta semana han recorrido el mundo escenas dramáticas de lo que recientemente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha llamado el conflicto armado interno. Motines en diversas centros penitenciarios ecuatorianos, la irrupción de grupos armados al margen de la ley en universidades como la de Guayaquil, lo mismo que en la estación de televisión TC y la transmisión en vivo de la toma de rehenes y el asesinato de policías y militares no hacen sino poner en evidencia el gran poder que han alcanzado las bandas criminales, particularmente vinculadas al narcotráfico en ese país andino.
A esta crisis se suma también la fuga 2 líderes de estos grupos, Adolfo Macías, jefe de los llamados Choneros y Fabricio Colón líder de Los Lobos, los cuales se cuentan como dos de los grupos más poderosos en el país.
Estos acontecimientos de los últimos días son la más reciente manifestación de una crisis estructural del Estado ecuatoriano que ya suma más de tres años, tiempo en el que se ha visto la proliferación de actividades criminales, el tráfico de drogas con bandas vinculadas a carteles de Colombia y México, saqueos, motines, y un creciente número de homicidios siendo el año 2023 en el que se batió el récord de muertes sumando más de 7,800 decesos violentos.
Datos publicados por la BBC indican un aumento de más de 300% la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en los últimos años además del asesinato de varios políticos y candidatos de alto perfil, baste recordar en este escenario de crisis de seguridad, el asesinato del candidato a la presidencia para los comicios del año pasado, Fernando Villavicencio en el mes de agosto.
Esta crisis no es producto de la casualidad sino de la absoluta desarticulación del Estado de derecho, de la debilidad de las instituciones y del sistema político como consecuencia de los altos niveles de corrupción en todos los órdenes de la sociedad y en todos los espacios públicos y privados. La penetración del narco en muchos espacios e instituciones del Estado explican esta crisis.
Frente este escenario, el arribo a la presidencia de Daniel Noboa parecía augurar un nuevo rumbo y el restablecimiento de la seguridad y la lucha contra la corrupción, que fueron unas de sus principales propuestas de campaña.
A poco más de mes y medio de haber asumido el cargo como presidente constitucional, Noboa ha buscado implementar distintas acciones para ejecutar el Plan Fénix que contempla entre otras, reformar el rol de las fuerzas armadas, desarrollar mecanismos y sistemas de inteligencia, dotar de nuevos equipos al ejército y a la policía nacional con el fin de incrementar la eficiencia de los sistemas de investigación y la efectiva intervención policial para desarticular las actividades delictivas y garantizar la seguridad.
En el marco de esta estrategia gran resonancia ha tenido el Caso o también llamado Operativo Metástasis que puso en claro que en Ecuador existe una narcopolítica por la vinculación directa entre altos funcionarios gubernamentales, jueces, incluido el propio presidente del Consejo de la Judicatura con el crimen organizado.
En palabras de Diana Salazar Méndez, fiscal general de Ecuador, la operación Metástasis ha sido: “una radiografía de cómo el narcotráfico ha tomado las instituciones del Estado a través de dinero mal habido para operar desde las instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en muchos casos”…
Con el Plan Fénix, el Caso Metástasis, y demás acciones llevadas por el gobierno de Noboa en estos poco más de 45 días de presidencia parece haber “sacudido el avispero” y con ello, exacerbado la ola de violencia e inseguridad. Esperemos por el bien de la sociedad ecuatoriana y la estabilidad en la región que el Estado de derecho y la gobernabilidad vuelvan al país.
Ecuador debe de ser un llamado a todos los Estados, particularmente los latinoamericanos para reconocer que la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros lastres sólo prosperan en ambientes donde la corrupción penetra las más altas esferas del sistema político y social por lo que el ejercicio real del poder atendiendo los marcos legales y constitucionales debe ser la guía que oriente las acciones y no poner en su lugar los abrazos.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.