El tema de las pensiones vivió en el olvidó durante años. Así fue, entre otras cosas, porque los primeros trabajadores que entraron en la reforma de 1997 -para los trabajadores del IMSS- tardaron años en llegar a la edad de retiro. La reforma de 1997 implicó el cambio de un sistema de reparto a un esquema de contribución definida (ahorro individual) administrado por las AFORES. El funcionamiento de los sistemas de reparto requiere que los trabajadores en activo financien las pensiones de los adultos mayores. La reforma tuvo una razón. Ante el cambio en la pirámide poblacional, no era sostenible que los trabajadores en activo financiaran las pensiones de los jubilados en los términos existentes. De haber continuado con la ley anterior a la reforma de 1997, la sostenibilidad de las finanzas públicas estaba en riesgo.
Al analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas hay límites que conviene tener siempre presentes. Cuando existe un incremento permanente en el gasto es necesario financiarlo con un incremento permanente en el ingreso y no con deuda, de modo contrario, el nivel de endeudamiento crecería hasta hacer el esquema insostenible.
En el caso de las pensiones, la trayectoria demográfica de la población marca la pauta sobre la sostenibilidad de los esquemas de financiación. La transición demográfica natural, en donde la edad media de la población va poco a poco incrementándose, obliga a pensar en fuentes de financiamiento estables. El cambio demográfico obedece a una combinación de factores: la disminución en las tasas de natalidad y el incremento en la esperanza de vida.
El gobierno federal ha expuesto una preocupación por el estado actual de las pensiones y los esquemas de retiro que existen en México. Muestra de lo anterior se refleja en programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores, así como en la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020 y, más recientemente, la reforma en materia de pensiones 2024. La preocupación parece genuina y toca un tema urgente. No obstante, la sostenibilidad de los esquemas propuestos, en las condiciones actuales, no está clara.
Por ejemplo, actualmente en México más de 11 millones de personas se encuentran en el padrón de beneficiarios de la pensión para el bienestar. No obstante, la proporción de adultos mayores irá incrementándose en el tiempo, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios? Un caso similar se da con la reforma en materia de pensiones 2024. Las fuentes de financiamiento no aseguran un flujo continuo de fondos, lo que cuestiona la sostenibilidad del esquema en el largo plazo.
Reformar las pensiones es urgente, de eso hay pocas dudas. No obstante, el esquema debe ser financieramente sostenible en el largo plazo, esto es, que no represente una amenaza a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, como todo esquema pensionario, requiere de la consulta y colaboración de los tres grandes grupos sociales involucrados: trabajadores, empresarios y gobierno. Finalmente, pensar en el futuro de la población y las pensiones requiere crear mecanismos que incentiven a esa gran parte de la fuerza laboral a incorporarse dentro de la economía formal.
Apresurar una reforma tan necesaria puede ser contraproducente. La reforma debe tener una visión de largo plazo, más allá de la coyuntura política, lo que requiere de un esquema de financiamiento sostenible y estable. Todo parece indicar que, si no se hacen modificaciones importantes a los esquemas actuales, pronto necesitaremos de una reforma fiscal que incremente el nivel de recaudación y haga sostenible el incremento esperado del gasto público. La reforma debe evitar a toda costa el peor de los mundos posibles: un país de adultos mayores en condiciones de pobreza y con finanzas públicas insostenibles.
El autor es profesor-investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Se especializa en el estudio del cambio estructural y el desempeño económico en economías abiertas.