Leo en la prensa, que ya han surgido algunos grupos de “expertos” que empiezan a trabajar en lo que sería una propuesta de reforma impositiva para “fortalecer” los ingresos presupuestales, y ayudar a reducir el más que preocupante déficit fiscal de 6% del PIB que las mismas autoridades hacendarias proyectan para este año.
Ciertamente, para el nuevo gobierno, esto es música para sus oídos, ya que contar con más ingresos tributarios ayudaría a reducir el problema financiero que van a heredar, y que limita de manera considerable los grados de libertad para enfrentar los crecientes gastos inerciales que vienen creciendo de manera inexorable, como las pensiones de beneficio definido y el servicio de la deuda, el cual está siendo agravado por el impacto negativo en los mercados, derivado de las malas decisiones que ya han sido anunciadas por el aún inquilino de palacio, principalmente la de capturar al poder judicial, y conseguir que mediante el voto popular sean designados todos los jueces y magistrados, lo que eliminaría, de facto, la independencia del poder judicial.
El incremento en la incertidumbre, en lo que va a la fecha, ya ha impactado el costo del servicio de la deuda del gobierno federal, y la tasa del bono a 30 años ha subido más de medio punto porcentual, alcanzando un máximo histórico de 10.16 por ciento.
Si consideramos que el saldo de la deuda bruta del sector público federal al mes de abril se ubicó en $16.1 millones de millones de pesos, y aplicamos el aumento de tasa de manera generalizada, el mayor pago de intereses supera los $80 mil millones de pesos al año, por lo que un aumento de un par de puntos nos costaría unos $360 mil millones de pesos en mayor servicio de la deuda, lo que deberían analizar en la secretaría de hacienda y comunicar a la próxima presidenta, a ver si entra en razón y pone en la congeladora la elección de jueces y magistrados, medida que impactan la seguridad jurídica de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes ya no tendrían la certeza de contar con un poder judicial autónomo e independiente al ejecutivo federal.
Con relación al tema de una posible reforma impositiva, para ayudar a reducir el déficit financiero que se proyecta para el cierre del sexenio, en notas anteriores he comentado que el disparo en el déficit financiero, ha sido precisamente por un aumento desmedido y desproporcionado en el gasto público, más que por una astringencia en los ingresos presupuestales, particularmente en la recaudación de impuestos, por lo que la corrección correspondiente debe enfocarse en reducir el gasto, más que en buscar incrementar los ingresos.
De hecho, la recaudación de impuestos ha aumentado en lo que va de esta administración, y se ha incrementado de un 13.0% como proporción del PIB que se registró en 2018, a un 14.3% para 2023, acusando un aumento de 1.3 puntos porcentuales del PIB, por lo que estamos contribuyendo en mayor medida al gasto público.
De este aumento en la recaudación de 1.3 puntos porcentuales como proporción del PIB, más de la mitad, 0.8 puntos, provienen de una mayor recaudación del impuesto sobre la renta, el cual es el principal tributo que se paga en México, cuya recaudación ha crecido de 7.1% como proporción del PIB en 2018, a 7.9% en 2023, siendo el principal aportante a la mayor recaudación.
Queda claro entonces, que el pago de impuestos en nuestro país ha venido creciendo a lo largo de esta administración, y no hay motivo alguno para pensar en que se necesita una reforma impositiva que aumente la recaudación, ya que es el excesivo aumento en el gasto público, el que está explicando el mayor déficit financiero, y no se asocia a una débil recaudación.
Lo que se ocupa, es que estos “expertos” hagan bien su tarea, y entiendan que mientras el ISR lo paguemos mediante una tarifa progresiva, donde incluso los asalariados de menores ingresos reciben un subsidio al empleo, que opera como un impuesto sobre la renta negativo, la manera más efectiva de incrementar la recaudación, es incrementando la productividad y los salarios, ya que si las personas físicas ganamos más, el pago del isr aumenta más que proporcionalmente, y es el fisco el que más se beneficia.
Por el lado del isr empresarial, aunque se paga con tasa fija del 30% sobre el resultado fiscal (utilidades) este pago es acreditable por el accionista, persona física, en su declaración anual la cual, por supuesto, se calcula aplicando la tarifa progresiva con límite superior del 35%.
Obviamente, en la medida en la que las personas morales generan más utilidades, el pago del isr aumenta proporcionalmente, y el fisco recibe el 30% de las utilidades, sin invertir, y sin tener acciones.
Una mayor generación de utilidades por parte de las empresas, le beneficia también directamente al fisco, por lo que debe ser prioridad para el gobierno, que las empresas generen más, y no menos utilidades.
