Las pensiones son de los instrumentos financieros más importantes para la vida de cualquier persona, pues le permiten sobrevivir cuando sus capacidades han llegado a un límite y no se puede seguir siendo parte de los mercados laborales o bien cuando se cumple un conjunto de requisitos que otorgan el derecho para dejar de trabajar y transitar a la etapa de jubilado, para lo cual se requiere contar con los recursos suficientes para poder sobrevivir en los años que aún resten de vida.
Para ello se han creado diferentes instrumentos que permiten generar ahorro a lo largo del tiempo, durante la etapa laboral, para disponer de estos recursos una vez que se cumplan las condiciones que se han dispuesto para ello.
Estos instrumentos, generalmente, son públicos y son los más notables, dada la escala en la que operan, aunque también existen instrumentos privados, generalmente ofrecidos por empresas a sus colaboradores, para complementar las pensiones mandatadas por el sector público.
El desarrollo de estos productos, y su administración en el tiempo, exige un conocimiento actuarial muy serio, pues involucra décadas de inversiones de los ahorros, así como décadas de la administración de las pensiones y mucha responsabilidad y ética para tomar las mejores decisiones.
Eso, desafortunadamente, no sucedió en los años pasados por lo que los antiguos sistemas de pensiones que administraban los servicios públicos, como el IMSS y el ISSSTE, terminaron quebrando, lo que llevó a una reforma para que el sistema financiero se hiciera cargo de esos recursos y así garantizar que los ahorros destinados a las pensiones se administraran en cuentan individuales, lejos de las manos políticas que los usaron de manera inadecuada.
El sistema financiero ha cumplido su objetivo de preservar los recursos de manera individual pero, como cualquier instituto creado por seres humanos, opera dentro de ciertos límites. Dado que esos límites no se han ajustado apropiadamente (por ejemplo, en términos de las comisiones que las administradoras cobran) se ha propiciado que accedan a rendimientos mayores a lo que es moralmente justo, para lo cual hay una infinidad de puntos de vista y es un debate inútil pues no habrá manera de llegar a un acuerdo, ya que para los que tienen poco siempre será demasiado y para los que tienen mucho siempre puede ser más. Otros pendientes que se tienen, respecto a los límites, por mucho tiempo han sido el monto que se ahorra y la edad a la que se pueden disponer de estos recursos.
En la presente administración se dio uno de los cambios más importantes respecto a las pensiones: el aumento sustancial en la cantidad de ahorro que los trabajadores destinarán para su fondo de retiro, que seguirá siendo administrado por estas entidades especializadas llamadas Afores.
Pero, paradójicamente, no se ajusta el pendiente de la edad para el retiro, sino que, al contrario, se ha discutido mucho el punto de adelantar la edad de retiro, a pesar de que la esperanza de vida ha crecido en las últimas décadas, aun con la COVID-19 y sus efectos negativos en la salud de los mexicanos.
Sin embargo, este cambio en la cantidad de ahorro solo beneficiará a quienes aún tienen muchos años por delante y no a quienes están próximos a jubilarse, sin dejar de mencionar las implicaciones de lo que se llama la tasa de reemplazo, que es la proporción de pensión respecto a su último sueldo, ya que en este momento es menor al 40%, lo que resulta, por demás, insuficiente y preocupante para aquellos que están cambiando su condición de trabajadores a pensionados.
De aquí que exista la necesidad de desarrollar iniciativas para mejorar esta condición de los pensionados y así puedan aumentar sus recursos financieros para enfrentar su vejez de manera digna.
Sin embargo, siempre el reto de las pensiones es el financiamiento, que se traduce en cómo conseguir los recursos suficientes para atender cualquier necesidad y cómo hacerlo de manera justa, sin preferencias y sin sesgos partidistas. Esto pone de manifiesto los retos que enfrenta el recién llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ha ofrecido una pensión mínima garantizada de 16 mil 777.78 para los trabajadores adscritos al IMSS e ISSSTE.
Si bien hoy se ha financiado principalmente con recursos provenientes de las pensiones no reclamadas que estaban bajo poder de las AFORES que, por ley, después de 10 años de no reclamarse debían pasar a las mismas instituciones para su empleo en el mejor beneficio de sus derechohabientes, en el futuro esta fuente es limitada y el hecho de no resolver claramente el financiamiento de dicho programa lo dejaría sólo como una falsa promesa o una fuerte restricción para las finanzas públicas por, al menos, los siguientes 40 años, comprometiendo otros servicios, igualmente importantes, para la sociedad.
Contacto: pablo.pereza@tec.mx
El autor es profesor del departamento de Contabilidad y Finanzas en el campus Estado de México y líder del Financial Access, Inclusion and Research Center, en la CDMX, de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.