El tema en la mesa de análisis de economistas y financieros en el país desde la última entrega de esta columna, ha estado vinculado a una de las áreas de estudio de la macroeconomía que mayor número de páginas han dedicado a su estudio teórico y aplicado: la inflación y la política monetaria.
Según información del INEGI, en julio del presenter año, la inflación general se ubicó en 1.05% mensual, ligeramente por encima de las expectativas del mercado de 1.02%. En términos anuales, los precios presentaron un incremento de 5.57%, su nivel más alto desde mayo de 2023. La inflación subyacente, esto es aquella que excluye los precios más volátiles como los alimentos y la energía, se moderó a un 4.05% anual, manteniendo una tendencia ligeramente a la baja por 18 meses consecutivos. Por contraparte, la inflación no subyacente se incrementó notablemente, alcanzando un 3.29% mensual, su tasa más alta desde noviembre de 2021. El aumento se debe principalmente a la subida de los precios de los productos agropecuarios, frutas y verduras, y a los energéticos y a las tarifas autorizadas por el gobierno.
Además, Banxico ajustó los pronósticos de inflación para los próximos trimestres, estimando un incremento en la inflación general que cerrará el 2024 en un 4.40% anual, por encima del pronóstico anterior de 4.00%. En cuanto a la inflación subyacente, se espera que se mantenga sin cambios en un 3.90% anual para el cierre del año.
Sin embargo, pese a todo lo anterior, el Banco de México (Banxico) ha optado por reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, situándola en 10.75%, esto a pesar de las crecientes presiones inflacionarias y del entorno internacional incierto ante la potencial desaceleración y recesión de la economia norteamericana. A pesar de estas incertidumbres, Banxico apuesta por la transitoriedad de los choques inflacionarios no subyacentes y una economía más débil de lo anticipado.
Esta decisión, tomada en la reunión de política monetaria de agosto, contó con el respaldo de tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno, y fue contraria a las expectativas del mercado, donde el 60% de los analistas esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios.
Y es aquí donde encontramos señales contrarias: ¿Cómo hacer compatible una reducción en la tasa de interés, que en principio acelera el desempeño de la economía a través del crédito y la inversión e incentiva el proceso inflacionario, justo cuando se esperan mayores presiones inflacionarias a las estimadas a principios de año?
La autonomía del Banco Central es uno de los pilares de una economía de mercado desarrollada, necesaria para garantizar que la estabilidad en los precios a través del control de la inflación, el buen funcionamiento del sistema financiero, y la estabilidad en los mercados cambiarios, sean independientes de los ciclos políticos y del gobierno en turno. Y es que, a pesar de que está demostrado que el famoso paradigma de la “Curva de Phillips”, esto es el intercambio de corto plazo entre inflación y desempleo, es un fenómeno que históricamente se rechaza como resultado de las expectativas racionales de los agentes, aún existe en la mente de muchos de nuestros políticos la idea de usar la inflación como un instrumento para generar empleo, y depreciar el valor de la deuda pública como resultado de un menor valor del dinero. Esto es, existe la tentación de usar la capacidad del Banco Central y su instrumento de “señoreaje” en la emisión de dinero, para crear un impuesto inflacionario el cual se ha demostrado es “regresivo” al afectar en mayor proporción a las familias de escasos recursos que carecen de instrumentos para proteger el valor de su ingreso.
Hasta ahora, el mandato de Banco de México, es decir, sus objetivos como institución pública, son garantizar la estabilidad en los precios, el sistema financiero, y el tipo de cambio. Estas funciones dependen de manera importante en la confianza depositada en esta institución, y de que las autoridades ejercerán con autonomía las medidas pertinentes para preservar dicho mandato, independientemente de los intereses del gobierno federal en turno.
Sin embargo, como en toda relación, la confianza que se ha construido durante años puede verse mermada si se percibe que dicha autonomía se ve amenazada, como podría ser la cercanía del proyecto del gobierno federal a la toma de decisiones sobre regulación y política monetaria.
Esperemos que, ante la enorme incertidumbre que enfrentamos por el cambio en al administración federal, la sana distancia prevalezca entre el gobierno federal y el Banco de México, y que la autonomía de esta última institución siga garantizando la estabilidad que durante años distinguió nuestro país como uno de los líderes a nivel internacional en términos de regulación financiera y el control inflacionario.