Es sumamente difícil hacer una columna de opinión en estos días y no hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Principalmente porque somos muchos los que creemos que esta reforma en el Poder Judicial, lejos de contribuir con la reducción de la corrupción y de sus ineficiencias, es evidentemente producto de un revanchismo político diseñado y promovido desde el poder ejecutivo.
Nadie cuestiona la necesidad de hacer ajustes, modificaciones o mejoras a cualquiera de nuestros poderes de la nación, ni a cualquiera de las instituciones que existen para robustecer nuestra débil democracia; pero esta reforma provocará muchas cosas menos una reducción en la corrupción.
Creo que quienes apoyan esta reforma, y en particular aquellos que la apoyan ciegamente y que son devotos en la redención política de la 4T inspirada por su mesías, no alcanzan a visualizar la inestabilidad económica, política y social que traerá esta reforma, al menos en los próximos seis años.
El primer domingo de junio del 2025 vamos a elegir a 9 ministros de la Suprema Corte, pues ya no serán 11 serán solo 9. Adicionalmente se elegirán otros más de 800 puestos de jueces y magistrados, incluyendo a los miembros del Tribunal Electoral. En el 2027, en las elecciones intermedias, repetiremos la dosis y junto con la elección de diputados federales y locales, alcaldes y regidurías, y gobernaturas, se elegirán también los otros más de 800 puestos faltantes del Poder Judicial que exige la Reforma.
Sería razonable pensar que algunos – no sé si muchos – de los 800 puestos a elegir en el 2025 podrían llegar a ser los mismos jueces, magistrados e incluso ministros que actualmente laboran en el Poder Judicial; es decir, ya tendrán experiencia. Pero muchos otros serán nuevos e incluso es muy probable que muchos ni siquiera sean miembros actuales del Poder Judicial. De ser así, es razonable pensar que deberán pasar por una curva de aprendizaje para afianzarse en su posición y realmente tener las riendas de su responsabilidad bien agarradas.
¿Cuánto tiempo nos gusta que sea esa curva de aprendizaje? Yo calculo que al menos un par de años si no es que más. Eso quiere decir que, a penas estaríamos entrando a un periodo de estabilidad en el Poder Judicial cuando ya vendría en el 2027 la siguiente ola de jueces y magistrados electos. Esto nos llevaría al menos unos cuatro o seis años de inestabilidad judicial, creo yo.
Alguien podría pensar inocentemente – “bueno, esa inestabilidad sería hacia dentro del Poder Judicial” – no nos equivoquemos, esa inestabilidad “hacia dentro” tendrá repercusiones claras y fuertes hacia fuera, hacia el mercado, hacia nuestra actividad comercial, hacia nuestras relaciones internacionales, hacia nuestra seguridad personal; en pocas palabras la inestabilidad sería en el Estado de Derecho en el país. Nunca he sido catastrófico siempre he querido visualizar una alternativa optimista a todo, pero debo reconocer que esta reforma al Poder Judicial me hace ver un panorama totalmente incierto más allá del siguiente sexenio.
Encima de esta incertidumbre provocada por la reforma al Poder Judicial, tenemos otra preocupación más que está lacerando nuestra vida social y económica. El peor de los legados que está dejando esta administración federal es la inseguridad. Por más que uno quiera buscar “otros datos” no hay manera de esconder los datos reales que el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra cada mes.
Recordemos que de acuerdo con diferentes fuentes de información, entre ellas “STATISTA” muestran que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron un poco más de 156,000 homicidios. Al mes de julio de este 2024, según muestra el SESNSP, se llevan acumulados 242,500 homicidios desde enero del 2019.
De mantenerse un promedio de 3,645 homicidios al mes como se han registrado de enero a julio de este año, estaríamos cerrando el año con más de 43,700 homicidios en el 2024, y con ello sumarían más de 260,700 homicidios en todo el sexenio. Esto sería un incremento del 70 por ciento en el total de homicidios entre el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de López Obrador. Si esto no es para alarmarse, sinceramente no sé qué más pueda ser.
Aunado al tema de inseguridad, pero específicamente relacionado con el periodo electoral, es por demás preocupante las cifras de los homicidios a candidatos, políticos, funcionarios y a sus familiares cercanos en estas pasadas elecciones.
De acuerdo con datos de la plataforma “VOTAR ENTRE BALAS” (https://votar-entre-balas.datacivica.org/) que es un esfuerzo realizado por ANIMAL POLÍTICO, DATACIVICA y MÉXICO EVALÚA, desde el inicio de precampañas en septiembre del 2023 y hasta el fin de las elecciones en el 2024, se cometieron 335 homicidios relacionados con el proceso electoral, a candidatos, servidores públicos y familiares; de esa cifra cerca de 40 fueron candidatas y candidatos a un puesto electoral. Sinceramente no me quiero imaginar el riesgo que la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial pueda traer en el 2025, para quienes serán candidatos, así como para sus familiares.
No tengo duda de que sería muy inocente pensar que no habrá presión del crimen organizado en elecciones de los miembros del Poder Judicial en el 2025. Me gustaría escuchar de quienes han votado a favor de esta reforma en el Poder Judicial ¿cuál es su plan para asegurar la estabilidad en el Estado de Derecho y la seguridad en el País en los próximos años?