El pasado 2 de junio México vivió una jornada electoral en la que el actual partido de gobierno obtuvo una contundente victoria y la doctora Claudia Sheinbaum fue electa como presidenta de México para el periodo 2024-2030. El triunfo de Sheinbaum no sorprendió a nadie, las tendencias eran claras.
Lo que no estaba asegurado era la composición final del Poder Legislativo. Por el número de votos recibidos, la coalición gobernante garantizó mayoría absoluta (50+1). No obstante, no estaba clara la mayoría calificada (dos tercios de los representantes).
La codiciada mayoría calificada aplana el camino legislativo para hacer cambios constitucionales sin tener que negociar con los partidos de oposición. Finalmente, el Tribunal Electoral dictaminó una mayoría calificada para la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores la coalición se quedó a tres escaños.
Votar por un partido político es votar por una serie de propuestas de política social y económica que a su vez están ligadas con posiciones políticas y preferencias electorales. No es sorpresa que si Morena tiene mayoría se legislen leyes y reglamentaciones enfocadas en la redistribución, así como tampoco lo sería que, de haber mayoría panista o priísta, el perfil de la cámara fuera distinto.
Votando reflejamos preferencias sociales… o al menos, eso es lo que está detrás de la intención de asignar el voto a uno u otro partido político.
Casi de forma inmediata a la decisión del Tribunal Electoral que dejó a Morena y aliados a solo tres escaños de la mayoría calificada en la Cámara Alta del Congreso, dos senadores del ahora extinto PRD se pasaron a sus filas. Finalmente, la aprobación de la controvertida reforma judicial se dio con el voto del Senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez (electo con las siglas del PAN y, recientemente, expulsado del partido), cuyos votantes seguramente no esperaban el cambio de criterio cuando lo eligieron.
De ahora en adelante, cuando apenas va iniciando la legislatura, la coalición gobernante parece que mantendrá la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, sostenida en prebendas personales y no en votos. Está claro que los políticos tienen incentivos específicos, personales y profesionales, que no se alinean con los de las personas que votaron por ellos. Un ejemplo claro del problema agente-principal.
Los votantes que eligieron a los senadores del PRD y al senador electo bajo las siglas del PAN no votaron por la coalición del gobierno, tuvieron la opción de hacerlo, sino por una alternativa que ahora no está siendo representada y respetada y cuyo sentido de voto ha sido violado.
No existe forma de obligar a los representantes populares a respetar el sentido del voto que se emitió y por el que fueron electos. La aprobación de la reforma judicial hizo evidente la indefensión de los votantes ante los juegos del poder político.
Pedir el respeto al sentido del voto no significa desconocer que, ante la apabullante mayoría de la coalición gobernante, una gran cantidad de iniciativas –si no es que prácticamente todas– serán tramitadas por el Poder Legislativo.
Pedir el respeto al sentido del voto es exigir que, si el partido o coalición de gobierno no cuenta con los votos suficientes para aprobar las iniciativas, dichas iniciativas tengan que ser negociadas y reformadas de tal forma que se incluya la visión de los votantes que eligieron a los representantes populares. No se puede hablar de democracia sin respetar al votante, así representen a una minoría.
La discusión mediática sobre Reforma Judicial (que no la legislativa que fue prácticamente nula) hizo visible la indefensión y la falta de representación real en la que nos encontramos los votantes. Lo que sí tenemos –y espero sigamos disfrutando– es la capacidad de recordar y castigar a quienes no han cumplido el mandato por el que fueron elegidos.
Las negociaciones no deben ser por prebendas personales para el senador o senadora que cambie el sentido de su voto. Las negociaciones deben reflejar las preferencias sociales de los votantes. Hemos tenido un comienzo turbulento para la actual legislatura.
Carlos A. Carrasco es profesor-investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Se especializa en el estudio del cambio estructural y el desempeño económico en economías abiertas.