La Ley Federal de Deuda Pública, en su artículo 9, establece que corresponde al Congreso de la Unión autorizar los montos del endeudamiento neto (neto de amortizaciones de la deuda) tanto interno como externo, que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal, así como de las entidades del sector público federal incluidas en la Lay de Ingresos de la Federación.
De tal suerte, si revisamos el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso para este año 2024, claramente establece que el tope de endeudamiento externo neto que se le autorizó al Gobierno Federal para este año, fue de $18 mil millones de dólares, de los cuales, al mes de Agosto, ya se habían colocado $10,130.3 millones de dólares, por lo que el margen para colocar más deuda externa a cargo del Gobierno Federal, (sin conocer aún el dato de Septiembre) era de solo $7,869.7 millones de dólares, para la nueva administración que tomó posesión el pasado primero de Octubre.
Sin embargo, como sabemos, la Secretaría de Hacienda ya anunció que la nueva administración colocará en los mercados financieros internacionales más deuda externa por un monto de $18 mil millones de dólares, monto equivalente al total autorizado por el Congreso para este año, sin tomar en cuenta que en lo que va del año ya se colocaron emisiones equivalentes a casi el 60% del endeudamiento neto total autorizado por el Congreso, en una clara violación al tope autorizado por el Congreso.
En efecto, durante el mes de Enero, iniciando el año, la Secretaría de Hacienda estuvo muy activa en los mercados financieros internacionales y colocaron CUATRO nuevas emisiones de deuda externa, tres en dólares, por un total de $7,500 millones de dólares a una tasa de interés promedio ponderada superior al 6% anual, (demasiado cara) y una más por un monto de dos mil Euros, equivalentes a $2,172.2 millones de dólares al tipo de cambio del día, por lo que desde el primer mes del año, recibieron recursos provenientes de deuda externa por un total de $9,672.2 millones de dólares.
Posteriormente, de Febrero a Julio de este año, dejaron de colocar nueva deuda externa y estuvieron amortizando los vencimientos programados, por lo que durante esos seis meses se registraron reducciones en el saldo de la deuda externa del Gobierno Federal, reducciones que fueron capitalizadas oportunamente para publicar en todos los medios que el Gobierno Federal estaba AMORTIZANDO DEUDA EXTERNA!! obviamente, sin señalar que el saldo total adeudado con el exterior era superior.
Esta racha de amortizaciones de la deuda concluyó el mes de Julio, y ya en Agosto volvieron a la cargada e hicieron nuevas colocaciones de deuda externa, incluso con Organismos Financieros Internacionales (OFIS) que sumaron en total $1,923.9 millones de dólares.
De tal suerte, considerando las nuevas colocaciones de mayor deuda externa, netas de amortizaciones de la deuda que realizaron, y excluyendo los ajustes en el saldo total adeudado que provienen de variaciones en el tipo de cambio (ya que el saldo se reporta en pesos), en el periodo de enero a agosto la deuda neta (de amortizaciones) como ya se mencionó anteriormente, suma la cantidad de $10,130.3 millones de dólares, por lo que al colocar la nueva deuda anunciada de $18 mil millones de dólares (suponiendo que en septiembre no se colocó más deuda externa) el saldo neto aumentaría en más de $28 mil millones de dólares, cuando el Congreso solo autorizó $18 mil millones.
Obviamente, la señal de bienvenida que mandó la Secretaría de Hacienda a la nueva titular del poder ejecutivo federal, de que se ocupaba más deuda externa (incluso muy por arriba de lo autorizado por el Congreso), solo pone en evidencia que las cuentas no andan del todo bien, y atraviesan por una crisis de liquidez que lejos de ser transitoria, tiene más atributos de permanente.
Ojalá que se ponga las pilas el auditor superior de la Federación, David Colmenares Paramo, y observe esta (y otras) violaciones a los topes de deuda aprobados por el Congreso, que durante la pasada administración fueron la regla, y deje constancia de estas irregularidades.
Por su parte, el Poder Legislativo, debe legislar sanciones a estas violaciones para que dejen de ser letra muerta y haya consecuencias legales por incumplimientos, aunque con la mayoría que ostenta el partido en el poder, son sueños de opio.
Es un hecho que la frase célebre de: “No me vengan conque la Ley es la Ley” va a seguir vigente al menos por seis años más.
Disfruten lo votado.
