En este mismo espacio a lo largo de casi ya 10 años que he tenido la oportunidad de colaborar y compartir ideas con usted, hemos juntos discutido que “mercado” y “estado” no son entidades sustitutas que deban verse como modelos alternativos y excluyentes en el desarrollo de un sistema social próspero basado en la libertad, la igualdad, la transparencia, y la justicia. El trabajo y contribuciones de los ganadores del Premio Nobel en Economía en este año lo demuestran, y las implicaciones que esto tiene para nuestro país no son optimistas.
El Premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus distintos trabajos que analizan cómo las instituciones sociales impactan el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.
Su investigación ha demostrado que las instituciones políticas y económicas inclusivas son esenciales para un crecimiento sostenido, mientras que por contraparte, las instituciones extractivas tienden a obstaculizar el progreso y perpetuar la pobreza.
Estos académicos, a través de su teoría de instituciones inclusivas, explican que los países que establecieron sistemas más democráticos e incluyentes (generalmente en situaciones coloniales menos orientadas a la explotación directa) experimentaron mayores niveles de desarrollo a largo plazo.
Esto contrasta con aquellos que adoptaron instituciones extractivas, diseñadas para extraer recursos sin invertir en el bienestar local, lo cual llevó a desigualdades profundas y a un estancamiento económico persistente. Este enfoque ayuda a entender por qué algunas naciones que históricamente fueron prósperas han caído en la pobreza y viceversa
En términos prácticos, el trabajo de estos economistas sugiere que reformas institucionales hacia sistemas inclusivos son una clave fundamental para reducir las disparidades de ingresos entre naciones y mejorar la calidad de vida en regiones de bajos ingresos.
Los hallazgos de Acemoglu, Johnson y Robinson, tienen importantes implicaciones para México, especialmente en cuanto a la mejora de sus instituciones políticas y económicas y el impacto de estas en el desarrollo económico y la reducción de la desigualdad.
En particular, la investigación de estos economistas subraya que para México, mejorar la calidad institucional significa fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y fomentar una mayor participación de los ciudadanos en el sistema político y económico, lo cual podría estimular un desarrollo más equitativo y sostenido.
De hecho, la persistente desigualdad y los altos niveles de pobreza en México están, en parte, vinculados a instituciones débiles y estructuras económicas que limitan la movilidad social y el acceso a oportunidades para ciertos sectores de la población.
Según la teoría de instituciones extractivas, que destacan estos economistas, un enfoque institucional que solo beneficia a una élite económica puede dificultar la reducción de la pobreza y limitar el potencial de crecimiento.
De esta forma, reformas que promuevan la inclusión económica, como el acceso igualitario a la educación y salud de calidad, podrían tener un impacto positivo en el desarrollo del país.
Sin emabrgo, uno de los temas más importantes de la investigación también señala que la corrupción y la falta de transparencia son barreras para el desarrollo de instituciones inclusivas.
En México, donde la corrupción y la falta de un estado de derecho ha sido una problemática persistente, estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer la independencia de las instituciones judiciales y de control, de modo que se combata efectivamente la corrupción.
Esto no solo impulsaría la confianza en las instituciones, sino que también incentivaría la inversión y el desarrollo económico al reducir los costos asociados a la incertidumbre institucional
Los hallazgos sugieren que el diseño institucional debe considerar tanto los aspectos económicos como los políticos de la inclusión. Para México, esto implica desarrollar políticas que promuevan la creación de empleos de calidad y el desarrollo de infraestructura en áreas marginadas, así como reformas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a todos los sectores.
Además, los premios Nobel resaltan que las reformas deben ser adaptadas y no simplemente replicadas de otros contextos, considerando las particularidades culturales y sociales de cada país.
Las investigaciones de Acemoglu, Johnson y Robinson brindan un marco referencial robusto para que México busque reformas estructurales importantes con un énfasis en instituciones inclusivas que generen estabilidad y crecimiento equitativo a largo plazo, fortaleciendo el estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos.
En el contexto de todas las reformas actuales que se realizan en nuestro país, muchas de ellas de manera acelerada y sin una reflexión del impacto de largo plazo o la participación de voces con opiniones diferentes, nuestro país pareciera ir en el sentido contrario a lo que la evidencia histórica muestra como el camino más seguro a la prosperidad y el desarrollo sostenido.