En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo tanto social como empresarial, las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México enfrentan una serie de desafíos significativos para cumplir con los requisitos cada vez más estrictos impuestos por las grandes corporaciones a las que proveen productos y servicios.
Según el estudio “Diagnóstico sobre las prácticas de sostenibilidad en las MiPyMEs de Nuevo León”, de Mario Vázquez Maguirre y Consuelo García Torre, publicado por la Universidad Anáhuac, un 50% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado presentan un nivel medio de adopción de prácticas de sostenibilidad, lo que incluye que el concepto esté presen en su misión, visión y valores, y un nivel relativo de conocimiento sobre el tema entre sus equipos directivos y colaboradores.
De acuerdo con el INEGI, el 89% de las empresas en Nuevo León son Micros y Pequeñas Empresas.
Y son muchas de estas las empresas que debe cumplir cada vez más exigencias que no solo buscan garantizar prácticas responsables en la cadena de suministro, sino que también reflejan una creciente presión por parte de los consumidores y reguladores para adoptar modelos de negocio sostenibles.
Sin embargo, la realidad para las MiPyMEs es compleja y, en muchos casos, abrumadora, principalmente por la falta de recursos. A menudo, las MiPyMEs carecen de la infraestructura y el capital necesarios para implementar prácticas sostenibles.
A diferencia de las grandes empresas, que pueden destinar presupuestos significativos a iniciativas de sostenibilidad, las MiPyMEs deben equilibrar sus limitados recursos financieros con la necesidad de cumplir con estándares que, en ocasiones, parecen inalcanzables.
Esto se traduce en una lucha constante por adaptar procesos, adquirir tecnología y capacitar a su personal, todo ello mientras mantiene la viabilidad económica de sus operaciones.
Si a esto le agregamos que muchas grandes empresas tienen políticas de pago a proveedores con créditos hasta de 150 días, no negociables, aún con un ciclo de retorno del capital mucho más breve, la ecuación se vuelve “insostenible” económicamente para muchas pequeñas empresas.
Pagar a una Pyme a 150 días resulta criminal, y si además se le exige un nivel de cumplimiento superior, pues se baja el cero y no contiene.
Este retraso en los pagos no solo afecta el flujo de caja de las pequeñas empresas, sino que también limita su capacidad para invertir en mejoras sostenibles. La dependencia de un ciclo de pagos tan prolongado puede llevar a las MiPyMEs a una situación de precariedad financiera, dificultando aún más su capacidad para cumplir con los requisitos de sostenibilidad.
Y es de alguna manera anti-ético que sean las pequeñas empresas, con la vulnerabilidad financiera que las acompaña y el poco acceso al crédito, quienes financien a las grandes corporaciones.
La sostenibilidad como palanca para la competitividad en la cadena de valor sólo puede ser incentivada con estímulos específicos que generen un círculo virtuoso entre proveedores y corporaciones.