Sin duda, dos de los temas en los que el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido bastante claro, son los referentes a la migración y al comercio exterior, y ambos tienen importantes repercusiones para nuestro País.
Como sabemos, en su anterior periodo como presidente, tomó acciones directas en ambas materias, presionando al gobierno de México a contener el flujo de migrantes centroamericanos, que en inmensas caravanas cruzaban todo nuestro territorio nacional rumbo a los Estados Unidos, y nos obligó a sentarnos en una mesa de negociación, para modificar los términos del original Tratado de Libre Comercio de 1994, sin que estuviera programada ni autorizada en el tratado original.
En materia migratoria, ha sido una práctica común de los Estados Unidos, el deportar hacia nuestro País a todos los latinos indocumentados que detienen allá, sin que se solicite autorización al gobierno mexicano para recibirlos, ya que legalmente solo tenemos que recibir a los mexicanos deportados, más no así a los deportados de otras nacionalidades, por lo que se debe empezar a negociar, a la brevedad posible, las reglas y los procedimientos que se deben aplicar, para evitar que deporten hacia México a ciudadanos de otros países, que estén ilegalmente en los Estados Unidos.
De lo contrario, nos generaría graves problemas en las ciudades fronterizas para atender las necesidades de los indocumentados deportados, e incluso, muchos de ellos, intentarían permanecer en México, presionando aún más la insuficiente generación de empleos formales para atender a la población nacional.
En materia de comercio exterior, ya tenemos el antecedente de los aranceles al acero y al aluminio que impuso Donald Trump en su anterior mandato, evidenciando, de manera clara y contundente, que el TLC firmado en 1994 es, para los Estados Unidos, un instrumento legal con jerarquía INFERIOR a cualquier Ley norteamericana, y no como en México, que tiene jerarquía equivalente a la Constitución, por lo que se repitió el tradicional intercambio de oro por espejitos.
Si recordamos, en 1994 se firmó el NAFTA, que por sus siglas se refiere a North American Free Trade AGREEMENT, es decir EUA firmó un ACUERDO comercial, pero México firmó un TRATADO que fue ratificado por el Senado, y tiene, junto con la Constitución, jerarquía de Ley Suprema.
En teoría, los tratados comerciales son para facilitar el flujo del comercio exterior entre los Países firmantes, e incluyen acuerdos para no imponer aranceles al comercio exterior, aunque dejan libres las disposiciones no arancelarias para limitar o restringir el libre flujo de bienes y servicios.
De tal suerte, Trump invocó una Ley de Seguridad Nacional para imponer esos aranceles a pesar del TLC, cosa que NO puede hacer México, pero sí se le permite responder con medidas equivalentes, como se hizo en su momento, entrando a un juego de perder-perder, ya que le encareció a los consumidores mexicanos, la importación de los bienes afectados.
La posible imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, de salida, encarecería los productos mexicanos para el productor y para el consumidor estadounidense, sin embargo, este no necesariamente sería el resultado final, ya que si los aranceles aplican solo a México, queda la opción, para el importador de Estados Unidos, de adquirir estos productos de Canadá o de otros Países, evitando así el impacto inflacionario del arancel.
Ahora bien, si el objetivo final es el de favorecer al productor norteamericano y a la generación de empleos en los EUA, (más que al consumidor final) los aranceles deben aplicarse a la importación de bienes finales y no a las materias primas, es decir, se debe imponer arancel a las importaciones de línea blanca y no al acero con el que se producen.
Esta dicotomía, en materia de protección a los connacionales, pocas veces la hacen explícita nuestras autoridades negociadoras, si buscan proteger al productor nacional, o beneficiar al consumidor final, y apoyar el control de la inflación, objetivo que en el caso del TLC, era muy relevante, dado el objetivo gubernamental, en esos años, de regresar la inflación a niveles de un solo dígito.
Por eso, la política gubernamental en materia de comercio exterior, dispone de mecanismo e instrumentos como los permisos de importación y los cupos, para proteger a los productores nacionales y también garantizar la oferta de insumos y productos cuya producción nacional es insuficiente para abastecer el consumo interno.
Finalmente, una política restrictiva de los EUA en materia de comercio exterior, sí afectaría a la producción nacional, aunque habría que diferenciar si los afectados son productores norteamericanos que han venido a México a aprovechar los menores costos de la mano de obra, como la industria automotriz, u otras maquiladoras, o son exportaciones de mayor valor agregado mexicano.
En su caso, sin duda alguna, sería un buena excusa para justificar el mal desempeño de la economía nacional, que ya viene con una clara y continuada tendencia a la baja, apuntando a una posible recesión.
¿Otro “anillo al dedo” para la 4T?
