La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024, bajo el lema “En solidaridad por un mundo verde”, cerró sus puertas dejando un sabor agridulce, entre el consenso alcanzado respecto a la urgente necesidad de actuar ante una crisis climática que no muestra signos de desaceleración y un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) de financiación para iniciativas sostenibles por debajo de las expectativas de la comunidad internacional.
Es decir que todos están de acuerdo en que hay que acelerar los esfuerzos, pero no en cuanto a lo que los países desarrollados tienen que aportar para financiar estas acciones.
Desde su creación, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha sido el principal foro global para la toma de decisiones en materia climática. Anualmente, reúne a casi todos los países del mundo, así como a líderes empresariales y activistas de la sociedad civil y académica, con el objetivo de acordar las medidas necesarias para enfrentar la crisis climática.
La COP29 destacó la financiación climática como eje central, logrando un acuerdo final el 24 de noviembre, que no cumplió las expectativas de muchos países en desarrollo y otros sectores presentes en la conferencia.
El acuerdo alcanzado formaliza el compromiso de los países desarrollados de aportar al menos 300,000 millones de dólares anuales hasta 2035, cantidad que resultó frustrante para los países en desarrollo por insuficiente para enfrentar los desafíos climáticos.
Las negociaciones, marcadas por momentos de alta tensión y el retiro del recinto de algunas delegaciones en señal de protesta, culminaron en un acuerdo matizado por varios elementos: una invitación a contribuciones voluntarias de países no incluidos como desarrollados, la promoción de subvenciones en lugar de préstamos, y el reconocimiento del sector privado como un actor clave para alcanzar una meta de 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento climático para 2035, combinando fuentes públicas y privadas.
La pregunta del millón de dólares es ¿Qué están haciendo las empresas, organizaciones civiles y gobiernos de Nuevo León y sus municipios para acceder a estos recursos?
¿Están las universidades capacitando a los emprendedores para saber acceder a estos proyectos?
Si bien son insuficientes para todas las necesidades, el pastel está ahí y están repartiendo rebanadas. ¿Ya nos formamos en la fila?