Durante su discurso de inauguración del 20 de enero, Donald Trump prometió declarar la frontera sur como una emergencia nacional, reactivar el programa “quédate en México” y etiquetar a las organizaciones criminales como grupos terroristas.
Estos anuncios eran esperados puesto que en días anteriores había adelantado estas medidas.
Es claro que Trump está hablando al público estadounidense y esas declaraciones son parte de la retórica trumpista. Sin embargo, hay posibilidades de que su gobierno cumpla con sus promesas, lo que tendría serias implicaciones para México.
Para Estados Unidos, es difícil deportar a todos los inmigrantes irregulares porque es técnicamente muy complicado y ello podría afectar a la economía nacional.
No obstante, es altamente probable que en los próximos meses haya noticias de que se están expulsando a un número importante de estas personas porque la nueva administración desea mostrar que está cumpliendo con sus promesas.
Para muchos sectores, la migración irregular representa una amenaza para Estados Unidos y parte de la opinión pública estadounidense está de acuerdo con medidas más restrictivas a la migración.
La aplicación del programa “quédate en México” puede tener serias implicaciones para las ciudades fronterizas mexicanas.
Es probable que se genere una crisis humanitaria en esa región y no parece que los tres niveles de gobierno estén preparados para enfrentarla. El gobierno federal está tomando medidas para atender este asunto.
Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores está coordinando acciones entre diferentes instancias gubernamentales, especialmente en los consulados que México tiene en Estados Unidos. Incluso, el gobierno municipal de Tijuana ha declarado zona de emergencia a la ciudad por la crisis que se puede originar por la deportación masiva de migrantes.
En este caso, es necesario que la presidenta Claudia Sheinbaum establezca un diálogo y una negociación con Estados Unidos para que, de manera conjunta, ambos gobiernos puedan resolver los retos que implica el fenómeno migratorio. Por ejemplo, el gobierno mexicano puede solicitar recursos financieros para atender el asunto.
Ambos países deben cooperar porque la migración es un asunto compartido y es necesario tomar medidas conjuntas, en lugar de acciones unilaterales.
En el asunto de la seguridad, es poco probable que Estados Unidos envíe tropas al territorio mexicano para atacar a los carteles de narcotraficantes.
Sin embargo, si el gobierno mexicano no coopera en este asunto y la situación en la frontera se agrava por la guerra entre las bandas, entonces el escenario sería propicio para una intervención militar en territorio mexicano. Sin embargo, la presidente mexicana ha mostrado iniciativa para cooperar, sin caer en una subordinación. Para la opinión pública internacional, un ataque militar a México representaría una invasión a un país soberano.
Es poco probable que el nuevo gobierno en Estados Unidos esté dispuesto a generar esa imagen. Igualmente, un ataque militar puede afectar la economía de ambas naciones porque habría desconfianza entre los inversionistas y ello tendría implicaciones en el crecimiento.
En resumen, es poco probable que Trump cumpla al pie de la letra sus amenazas. Sin embargo, es claro que habrá presión hacia México en los temas de migración y narcotráfico en los siguientes meses. Trump llega a su segundo mandato con mayor legitimidad, sin contrapesos reales y menos compromisos puesto que ya no se puede reelegir.
El republicano está convencido de que, “para hacer grande a Estados Unidos de nuevo”, es necesario adoptar las medidas que ha anunciado.
Además, México será el país con mayores afectaciones durante la segunda presidencia de Trump debido a la cercana interdependencia económica entre ambas naciones, a la vecindad inmediata y a que los asuntos migratorios, de seguridad y de comercio son temas fundamentales para México.
El gobierno de Claudia Sheinbaum debe estar a la altura para enfrentar los retos que implica el inicio de la administración de Donald Trump.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM).