El expresidente Carlos Salinas de Gortari (CSG) tiene un vínculo significativo con Agualeguas, un pequeño municipio en el estado de Nuevo León.
Y es que, aunque él nació en la Ciudad de México, uno de sus padres, Raúl Salinas Lozano fue oriondo de esta localidad norteña, mientras que su madre Margarita de Gortari, nació en la Ciudad de México.
De hecho, durante su presidencia, CSG solía visitar frecuentemente este lugar, especialmente durante la Semana Santa, convirtiendo su rancho familiar en Agualeguas en un punto de encuentro para políticos y empresarios.
Recientemente, siendo la tierra natal del líder permanente del actual régimen en el poder (MORENA), en este caso el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se esperaba que Tabasco, como entidad, y Macuspana como localidad, tuvieran un notorio despegue en lo económico y social, dado el trato preferente que ha recibido esta entidad al ser punto de convergencia de los cuatro multimillonarios (en costos al menos) proyectos insignias de esta administración, a saber:
1.- La Refinería petrolera de Dos Bocas
2.- El Tren Maya
3.- El Corredor Transístmico
4.- La expansión del sistema hidroeléctrico
De hecho, ningún otro estado del país tiene ese beneficio. Hoy, a poco más de seis años de esa esperada bendición de la prosperidad, que hacía suponer que veríamos a Tabasco mencionado en noticias y editoriales como estado de oportunidades, de desarrollo y de seguridad, lo encontramos como material de reportajes de periódicos y televisoras donde se habla de homicidios múltiples, incendios provocados de inmuebles y vehículos, cierre de empresas por falta de pagos de PEMEX a sus proveedores, acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico del gobierno anterior, señaladas por el actual gobierno, del mismo partido, que afirma que el anterior secretario estatal de seguridad encabeza a un grupo criminal, mientras que el actual secretario renunció este fin de semana tras ser amenazado públicamente de muerte por supuestamente no cumplir compromisos de apoyo y sumisión con cárteles locales.
Nunca Tabasco había ocupado los primeros lugares en los reportes diarios de delitos graves del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ya es cotidiano desde el primer día de este año.
Claramente, Tabasco está pasando de ser el Edén al que hace alusión una famosa canción que lo menciona a un Paraíso Perdido.
La pregunta obligada es: ¿Cómo sucedió esto? La respuesta, aunque dispersa en fragmentos de notas y ensayos, comprobables en lo esencial, es clara y lamentable. Debe de servirnos de lección como país para que no se multiplique en otras entidades.
La llegada de millonarias inversiones de capital público y con él, como proveedores y contratistas, de capital privado, llamaron inevitablemente la atención de organizaciones criminales que vieron con ello oportunidades de extorsión, venta de drogas y prostitución sin precedentes para la región.
Dos cárteles llegaron con poca diferencia de tiempo a esta zona, comenzando a reclutar criminales locales y, muy notoriamente, cortejando y ofreciendo complicidad y ganancias a agentes y mandos policiacos estatales y municipales, así como a alcaldes, notarios y a empresarios, a estos últimos inicialmente con la idea de que lavaran dinero de las actividades ilícitas.
El contubernio con empresarios y funcionarios de primer, segundo y tercer nivel dio lugar a que se vislumbraran “oportunidades de negocio” hasta entonces poco usuales: Convertir en proveedores de productos y servicios a empresas controladas y capitalizadas por los cárteles, haciendo pasar a empresarios que antes lavaban dinero, a prestanombres de los capos , que ahora serían propietarios reales de los negocios.
Se calcula que, de los pagos a proveedores, entre el 25 y el 30 por ciento en el caso de Dos Bocas, y hasta el 40 por ciento en el caso del Tren Maya y el Corredor Transístmico, corresponden a empresas controladas en diferentes grados por las organizaciones criminales.
Este negocio clandestino comenzó a complicarse hace poco más de un año, por razones distintas, las paraestatales a cargo de los proyectos comenzaron a incumplir con sus pagos, dejando en el aire los flujos esperados de los narco-contratistas, que reaccionaron a esta dificultad inesperada para ellos, que nunca habían tendido que cobrar facturas formales al gobierno, con estas acciones:
1.- Presionar a los funcionarios que les asignaron y estaban a cargo de los pagos de los contratos, con los mecanismos de cobranza que se estilan en el mundo criminal: amenazas, secuestros, confiscación y quema de activos, y en casos cada vez más frecuentes, ejecuciones de funcionarios o allegados a ellos.
2.- Intensificación de actividades abiertamente delictivas para compensar la falta de ingresos de los contratos de gobierno.
Esto ha llevado a disparar las cifras de extorsiones y secuestros a ciudadanos ajenos a la delincuencia, de venta de drogas en las calles y de homicidios contra competidores en esos delitos y de ciudadanos que no pudieron pagar extorsiones o rescates.
3.- Agravamiento del huachicol, pues los criminales cobran extrajudicialmente deudas de Pemex (a modo de intereses moratorios informales), requisando “pipas” de la paraestatal con combustible, o acudiendo a cargar las propias en los centros de abastecimiento sin pagar por ello.
Todo lo anterior suma a la desgracia que atraviesa la economía de esa entidad, que ve sufrir a muchos negocios que hicieron inversiones de expansión o apertura previendo el “boom” económico que llevaría consigo la refinaría.
Ahora, se ven decenas de locales de negocio en Paraíso, Tabasco, desocupados o cerrados por la falta de clientes, al estar operando Dos Bocas a la décima parte de lo previsto para estas fechas.
Esperemos que todo esto cambie y la seguridad vuelva poner orden a la vida pública en Tabasco.
El autor es economista de la UANL y consultor especialista en temas financieros, comunicación y seguridad.
