La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León trajo consigo una serie de protestas de la ciudadanía y figuras públicas respecto a la pésima calidad del aire que se respira en la zona metropolitana de Monterrey.
Se exigía a la Presidenta de México acciones claras para resolver un problema que poco a poco eleva el costo de vida en la ciudad (en términos, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, alergias, daños a la piel y una menor esperanza de vida).
Parte del discurso que se ha manejado en los medios pareciera sugerir que la refinería de Cadereyta es la principal causa de dicha contaminación y que su cierre resolvería gran parte del problema.
Sin embargo, existe poca evidencia de que el problema se vaya resolver con acciones como esta, ya que las fuentes contaminantes son múltiples y abarcan varias jurisdicciones, por lo que en ocasiones resulta muy conveniente “echarse” la bolita entre el sector privado, el estatal o el federal.
Complica más el problema cuando se miden contaminantes específicos, porque la industria privada, automóviles, industria pública y demás actores emiten contaminantes diferentes. Por lo tanto, dependiendo de a quién se quiera culpar, es sencillo seleccionar el contaminante que se deba medir.
Esto se ha convertido en una tragedia de los comunes, que sucede cuando recursos públicos compartidos (el aire) son sobreexplotados por individuos que actúan en su propio interés, nadie está dispuesto a sacrificar su propio interés para resolver el problema.
Una forma de resolver este impasse se deriva de la Teoría de Grupos de Interés, propuesta por Edward Freeman, que sugiere que las relaciones entre los actores involucrados deben estar basadas en la corresponsabilidad y cooperación, lo cual incrementaría la probabilidad de éxito y permanencia de todos los actores involucrados. En este sentido, ¿cuáles serían las responsabilidades de los principales actores que contribuyen a la mala calidad del aire y son afectados por ella?
Este problema no es nuevo y existen ya innumerables programas, regulaciones, impuestos y otras acciones que han implementado diferentes ciudades que han enfrentado este problema desde hace décadas. ¿El problema? Todas estas iniciativas involucran sacrificios para los habitantes de la ciudad.
Programas de restricción de uso del vehículo, reubicación de plantas industriales, impuestos verdes, verificación vehicular, carriles carpool, horarios escalonados de entrada a empresas y escuelas, normativas ambientales más estrictas, etc., todas estas acciones representan beneficios a la calidad del aire (algunas tienen mayor evidencia científica que otras), pero son medidas impopulares.
Nadie quiere que le restrinjan el uso del vehículo (los que tienen la suerte de contar con uno), pagar más impuestos o invertir obligatoriamente en tecnologías más verdes; muchos creemos que exigir estas medidas viola nuestra libertad. Y más si creemos que el culpable principal es otro de los actores (la refinería, por ejemplo).
Culpar a un solo actor continuamente termina polarizando a la ciudadanía y evitando que tomemos conciencia de que también nosotros somos culpables de la pésima calidad del aire.
Los discursos donde se culpa a otros actores y no se admite la responsabilidad propia son muy peligrosos (tanto como la calidad del aire) y nos aleja de elementos claves para resolver el problema como la cooperación, la corresponsabilidad, la reconciliación, la empatía y la generación de acciones conjuntas.
Lamentablemente, esta es la única forma en que se resolverá este y muchos problemas que tiene la zona metropolitana (desigualdad, inseguridad, falta de empleo digno, desechos sólidos, falta de agua, etc.).
La tragedia de los comunes solo se resuelve cuando todos sacrificamos algo para evitar la sobreexplotación del recurso. ¿Y tú qué estás dispuesto a sacrificar?
El autor es especialista en administración humanista e innovación social. Actualmente, es profesor-investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey.
