Algunos riesgos de la estrategia energética de la nueva administración

Sabemos que la Reforma Energética fue detonada, en gran medida, por la disminución en la producción de petróleo. Solo como contexto, en 2004 la producción promedio de petróleo era de 3.5 millones de barriles al día, mientras que en 2018 fue de, aproximadamente, 1.9 millones de barriles al día. Es importante mencionar que México figura entre los países con las mayores reservas de hidrocarburos en fuentes no convencionales o en aguas profundas, pero el país no cuenta con la tecnología ni con los recursos financieros y humanos para aprovecharlos.

De acuerdo con cifras de Pemex, en México se consumieron durante el 2018, en promedio, 781 mil barriles de gasolina al día, de los cuales el 84 por ciento corresponde a gasolina Magna y el 16 por ciento a gasolina Premium. Según cifras de la paraestatal, más del 73 por ciento de la gasolina que se consume en México es importada lo que representa un problema latente de seguridad energética, en virtud de la poca capacidad de almacenamiento de combustibles con la que contamos en el país.

Desde su campaña electoral, el ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestaba su intención de invertir en el sector de hidrocarburos, particularmente en el sector petrolero, con un énfasis importante en refinación, en lugar de potenciar la exportación de crudo. La apuesta de la nueva administración es producir combustibles y así eliminar la dependencia de las importaciones. Para dar forma a su estrategia, la nueva administración planea modernizar las seis refinerías existentes en México e invertir en la construcción de una grande o dos medianas más, lo que representaría una capacidad de producción adicional de entre 300 y 600 mil barriles al día.

La intención suena razonable, en términos del contexto descrito, pero es importante señalar algunos factores de riesgo a los que estaría expuesta esta estrategia.

En la actualidad, las seis refinerías de Pemex tienen una capacidad instalada para procesar cerca de 1.6 millones de barriles al día, aunque durante el 2017 se procesaron, en promedio, 770 mil barriles al día, que corresponde al 48 por ciento de la capacidad de producción. De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica, las refinerías mexicanas presentan rezagos operativos y de infraestructura que han provocado problemas de estabilidad en la producción, en el cumplimiento de los estándares apropiados de seguridad industrial y de cumplimiento de ciertas normas ambientales. Esto obedece, fundamentalmente, a que la infraestructura de refinación no se ha modernizado apropiadamente por lo que será necesario invertir en la renovación de la misma, antes de pensar en la construcción de nuevas refinerías, sin mencionar que del crudo mexicano, por su nivel de pureza, no se puede aprovechar de la manera más eficiente la extracción de gasolina, lo que podría implicar la necesidad de importar crudo con mejores características de refinación.

Además de lo anterior, es necesario tener presente el grado de inversión que actualmente tiene Pemex lo que, sin duda, repercutirá en un mayor costo financiero para la paraestatal en caso de que decidiera realizar la emisión de deuda para financiar estos proyectos. En virtud de este contexto, tal vez valdría la pena considerar seriamente la participación de inversionistas privados en la renovación de las refinerías y en el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento de combustibles, dado el evidente riesgo en materia energética que nuestro país enfrenta el cual se puso de manifiesto, de manera reciente, con el desabasto de gasolina. Sabemos que la capacidad de almacenamiento de combustibles apenas satisface la demanda de dos o dos días y medio, por lo que es muy pertinente contemplar alternativas que permitan potenciar la capacidad de almacenamiento que el país requiere.

Ante las necesidades de inversión para la modernización de la capacidad de refinación y de almacenamiento, es prudente pensar en esquemas como las Asociaciones Público Privadas (APP) o en instrumentos financieros especializados como la FIBRA-E o los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD's) alternativas que, sin duda, podrían contribuir con el desarrollo de la infraestructura que México requiere en materia de hidrocarburos.

El autor es director de EGADE Business School, Sede Monterrey, Tec de Monterrey.

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