En economía, particularmente cuando se estudian los cursos formativos de macroeconomía, de forma tradicional se enseña que el gobierno posee dos conjuntos de herramientas para intervenir y regular el desempeño del sistema económico: la política monetaria y la política fiscal. Con motivo de la creciente especulación en medios sobre qué pasaría en México si un candidato con una visión radical del papel del gobierno en la economía llegara a la presidencia del país, un riesgo latente de tal postura sería el uso imprudente de éstos y otros mecanismos como una herramienta para intentar resolver problemas estructurales del sistema, en especial la creciente desigualdad en la riqueza de los mexicanos.
De manera ortodoxa, la política monetaria se refiere al control de la cantidad de dinero (oferta monetaria) en el sistema, lo cual incide en las tasas de interés, afectando las expectativas de inflación e inversión privada; por contraparte, la política fiscal se refiere al "ajuste fino" de las tasas de impuestos con la finalidad de financiar gasto y déficit público, expandiendo así la demanda agregada. El paradigma detrás de este postulado está condensado en el clásico modelo IS-LM propuesto John Hicks (Premio Nobel, 1972).
El derrumbe del modelo keynesiano en la década de los setenta, carente de herramientas para enfrentar efectivamente la estanflación (alta inflación con alto desempleo) y expuesta a partir de la crítica de Robert Lucas (Premio Nobel, 1995), mostró la inefectividad de las políticas públicas para brindar una solución que permanentemente pudiera justificar la capacidad de un gobierno para incidir de manera activa en la economía.
No obstante, en la década de los noventa, el auge de la integración de los mercados internacionales, traducido en reducciones en tasas de interés y un incremento en la liquidez disponible, trajo como consecuencia directa un nuevo tipo de política pública diferente a las opciones anteriores: la regulación financiera y el fomento del crédito privado.
En la administración de George W. Bush, y de la mano de Alan Greenspan al mando de la Reserva Federal de Estados Unidos, se generó un impulso al crédito privado, particularmente en el sector hipotecario, ocasionando un auge en la construcción inmobiliaria, que a su vez, se tradujo en distorsiones especulativas a los precios de casas y de otros activos financieros. Así, parecía que a través del acceso al crédito hipotecario se había encontrado un nuevo mecanismo de política pública perfecto para mejorar la distribución de la riqueza y fomentar la participación activa del gobierno: el control de la tasa de interés y una laxa regulación financiera impulsaba el crédito a los hogares desfavorecidos, permitiendo la compra de casas a hogares con bajo perfil crediticio, incrementando así sus activos financieros y mejorando su riqueza. Lo que pasó después es historia conocida. La apuesta por los beneficios de la integración (sin considerar sus potenciales costos) trajo como consecuencia un daño irreversible a través del contagio de riesgo internacional, el incremento en los costos de liquidez, la contracción en el crédito, y la reapreciación de los activos financieros, entre ellos, el valor de las casas. Los nuevos precios de los activos que las familias habían adquirido no reflejaban el costo financiero por tenerlos, y la moratoria en el pago de créditos se disparó.
México es reconocido internacionalmente como un país líder en medidas de protección a su sistema financiero. La implementación de los criterios de regulación bancaria de "Basilea III", y los criterios de regulación en aseguradoras, conocidos como "Solvencia II", han creado los mecanismos necesarios para aminorar el riesgo de contagio, y proveer de certeza al sistema.
Sin embargo, la tentación de utilizar el control del sistema financiero como una irresponsable panacea cortoplacista para generar riqueza es latente para cualquier gobierno, particularmente si éste posee una agenda con tintes populistas y deseosos de ganar posicionamiento en las clases de menor ingreso. Es nuestra responsabilidad no olvidar la historia global reciente, y nuestra propia historia en 1994-95, y recordar que son los grupos más vulnerables quienes se ven más perjudicados por una mal manejo en la política económica, ya sea fiscal, monetaria, o financiera.
El autor tiene Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
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