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Más de 20 solicitudes de amparo o medidas cautelares se han presentado por parte de empresas que se oponen a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reveló Julio Valle, portavoz de las asociaciones de energía eólica y solar Amdee y Asolmex.
En declaraciones a la prensa, Valle dijo que la industria se ha unido en oposición a la ley. La semana pasada, la reforma defendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue suspendida por un tribunal solo dos días después de que se convirtiera en ley.
Los despachos regiomontanos como Santos Elizondo y Sánchez Devanny están asesorando a firmad nacionales e internacionales para interponer los recursos legales en contra de la nueva ley eléctrica.
Medios internacionales como el Financial Times han señalado que la suspensión se produjo después de que un tribunal otorgó la suspensión provisional contra la ley solicitada por la francesa EDF, Naturgy de España y la mexicana Zuma, según fuentes del mercado.
La decisión es una victoria para el sector privado, que criticó las reglas aprobadas por el Congreso a principios de este mes como inconstitucionales, equivalentes a una expropiación y en violación de los tratados comerciales internacionales, señaló el Financial Times.
"Estamos felices, pero esta es solo la primera batalla", dijo Valle.
El fallo provisional aún podría anularse y se espera que la ley enfrente más desafíos constitucionales. "Creo que aquí la gran pregunta es qué sucede cuando esto llega a la Suprema Corte", destacó Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Energía en el momento de las reformas energéticas de México en 2013-14, que López Obrador ha dicho que puso el futuro de CFE y Pemex en riesgo.
Los intentos anteriores del Gobierno de reescribir las reglas en el sector eléctrico para favorecer a la CFE "incluyendo cambios en los certificados de energía limpia diseñados para incentivar la inversión en energía verde" han sido detenidos por los tribunales.
El mes pasado, la Corte Suprema determinó que un intento anterior de la Secretaría de Energía de reformar el sector era inconstitucional.
"Dados todos los precedentes en juego aquí, no es de extrañar que las medidas cautelares se otorgaron menos de 48 horas después de que se publicó la 'reforma'", mencionó Pablo Zárate, director gerente de FTI Consulting.
Kenneth Smith Ramos, el negociador principal de México en el T-MEC, señaló que los mandatos judiciales eran "la forma más fácil de detener la hemorragia".
No descartó que los procedimientos de resolución de disputas entre inversionistas y estados podrían iniciarse bajo el T-MEC, el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica y los acuerdos comerciales de la UE. El Gobierno federal busca privilegiar la generación de electricidad de la CFE.
La semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad reveló que construirá seis nuevas centrales de generación eléctrica que operarán con gas natural y que sumarán una capacidad instalada de 4 mil 322 megawatts.
Se trata de plantas de ciclo combinado que estarán ubicadas en regiones estratégicas del País y que permitirán garantizar la seguridad energética, según informó la empresa estatal en un comunicado sin definir las entidades ni particularidades de cada proyecto.
Las licitaciones correspondientes serán publicadas en los próximos días en el micrositio de concursos de la Comisión y para las cuales ya se convocó a las empresas que pueden desarrollar dicha tecnología y que tiene interés en participar, aunque no se menciona alguna.
Dichos proyectos serán desarrollados bajo los nuevos mecanismos de contratación implementados en el Fideicomiso Maestro de Inversión de la CFE. "El sistema de contratación busca incrementar la eficiencia en el uso de recursos, tanto tecnológicos como económicos, y que la CFE obtenga las mejores condiciones de contratación, en beneficio de la ciudadanía.
"Los proyectos serán adjudicados a través de un esquema de concursos por paquetes, cada uno de estos incluirá dos proyectos de generación, en un proceso competitivo dirigido a los fabricantes de la tecnología de ciclo combinado", refiere el texto.
Empresas nacionales y extranjeras han presentado solicitudes formales de amparo ante los cambios recientes en materia de energía eléctrica, los cuales discriminan el despacho de centrales de electricidad de parte de privados.