Jesús Garza: La República del Río Grande

Entre el 17 de enero de 1840 hasta el 6 de noviembre de 1840 los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, en conjunto con parte del sur de Texas formaron la República del Río Grande, un país independiente con capital en Laredo.

La razón, un gobierno que centralizaba el poder en la capital de la República y desatendía las necesidades de esta región. La nueva nación tuvo una vida muy corta cuando el ejército mexicano derrotó al movimiento independentista.

Hace unas semanas, los gobiernos estatales de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se reunieron para expresar su preocupación por la falta de un plan económico para contener el impacto adverso que se generará por el Covid-19.

En resumen, el plan no es un plan sino la continuación de la política económica actual, y se espera la quiebra de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos. Ante ese escenario, estas tres entidades federativas mencionaron que estaban contemplando replantear seguir en el pacto fiscal con la federación firmado en 1978. Recordemos que el pacto fiscal se firmó en ese año para redistribuir mejor los recursos de los estados más prósperos a los más pobres.

Desde ese año, y gradualmente, estas entidades federativas han visto mermados sus recursos financieros. Por ejemplo, Nuevo León en 1978 aportaba un peso a la federación y recibía 40 centavos de vuelta, ahora solamente recibe 17 centavos. En ese mismo lapso los estados que más recibían recursos de la federación eran Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres. Hoy en día, después de 40 años de transferencias directas estos estados siguen siendo los más pobres. De hecho, Nuevo León, el estado que menos transferencias sociales recibe presume el menor índice de pobreza del país, 14.5 por ciento según la CONEVAL.

La razón de esta divergencia en los índices de pobreza en las distintas regiones del país es la asignación de los recursos financieros. Mientras en estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se ha privilegiado a la inversión en productividad, es decir, en infraestructura, educación y tecnología, en otras regiones se han utilizado estos recursos para contener mas no combatir la pobreza a través de transferencias sociales.

Cabe recordar que utilizo la palabra contener, porque desde 1996 cuando se creó la SEDESOL que tiene como fin el combate a la pobreza, los índices de pobreza se mantienen en niveles muy similares y con un gasto público que representan el 65 por ciento del gasto de desarrollo social (por encima del gasto a la educación y a la salud).

Por otro lado, es importante recalcar que la ciudad de Monterrey de un tamaño similar a la ciudad de Madrid cuenta con solamente dos líneas de metro por 14 de la ciudad europea. No existe la infraestructura necesaria para continuar expandiendo la productividad, a través de mayor movilidad, y para combatir a la contaminacion.

El problema no son los recursos sino que al reasignarse los mismos se le da poca prioridad al estado de Nuevo León, el segundo esta que más aporta a la federación solo detrás de la Ciudad de México pero con una quinta parte de su población.

Nuevo León representa cerca del ocho por ciento del PIB nacional sólo por debajo del Estado de México 9 por ciento y de la CDMX con el 17.6 por ciento del total. Pero más importante que el tamaño de la producción es la contribución a crecimiento del PIB nacional, es decir, de la producción estatal cuánto aporta a que crezca el país.

Al tercer trimestre de 2019, Nuevo León ocupa el primer lugar con una aportación de 14 puntos porcentuales seguido de Coahuila con 10 puntos porcentuales mientras Tamaulipas tiene una aportación de cinco puntos porcentuales. En contraste, la CDMX le restó al crecimiento 13 puntos porcentuales y el Estado de México le restó 22 puntos porcentuales.

Finalmente, es importante tener una visión de futuro para las generaciones venideras. El gobierno federal le apuesta al petróleo como su eje de desarrollo cuando el futuro es la inversión en las energías renovables.

El eje de desarrollo de cualquier nación debiera ser la fuerte inversión en educación y no en transferencias sociales. Estas últimas solo contienen mas no combaten la pobreza.

Los recursos futuros que se inyecten hacia las obras hegmónicas del gobierno federal probablemente perderán dinero y no tendrán el impacto necesario para reactivar a la economía y aumentar la calidad de vida de los mexicanos.

Pemex pierde más dinero cada año y la carga fiscal se le disminuye año con año lo que nos deja pensando la utilidad de esta empresa para la población en general.

Así, la autonomía fiscal de algunas entidades federativas, sobre todo las que realmente tienen una visión de productividad y crecimiento, suena como una medida adecuada.

En el entorno actual donde la mayoría de los países están inyectando recursos extraordinarios para apoyar a las Pymes, que dan empleo a más del 90 por ciento de los mexicanos, es importante que los recursos se dirijan hacia estas empresas para proteger el ingreso de las familias.

Un país es rico por su educación y no por sus recursos naturales.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.