Jorge O. Moreno: De las anécdotas, datos, e información al diagnóstico del sector salud en México

Las anécdotas personales no constituyen una base de datos sobre la cual rigurosamente hacer un análisis científico; pero cuando éstas se van sumando a otras muchas que se comparten entre conocidos, a otras que se leen en prensa, y a muchas más que circulan en redes sociales, poco a poco y conforme todas éstas se corroboran, se forman datos precisos que revelan información útil que es necesaria ponderar, evaluar, y compartir. Tal es el caso particular de la grave crisis del sector salud a nivel nacional y que el gobierno federal aún no es capaz de reconocer, ya no digamos elaborar una estrategia inmediata para corregir.

La evidencia presentada por expertos en la materia, académicos e incluso exsecretarios de salud en administraciones anteriores, han puntualizado que la creación del nuevo Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) no responde al enorme reto que es crear un mecanismo de salud pública que iguale, ya no digamos mejore, al anterior Seguro Popular (SP), pero si está teniendo graves problemas en cumplir sus funciones básicas de atención a la población más vulnerable.

En cada conferencia dictada desde el gobierno federal, ya sea por el mismo presidente López Obrador o por cualquiera de los funcionarios públicos responsables del sector salud, se presentan fechas tentativas de operación total del Insabi corrigiendo sus actuales desaciertos, hechos y cifras alternativas de beneficios que no aclaran ni la cobertura ni el desembolso real por parte de los usuarios, y se presumen millones de pesos ahorrados por combate a la corrupción ante la eliminación de un programa social "que no era seguro, ni popular" en palabras del presidente. Sin embargo, la realidad es que el subejercicio del gasto público y la falta de adquisición de medicamentos (gasto recurrente necesario para garantizar la salud de los beneficiarios) no son equiparables a "ahorro público", y de la mano de una mala estrategia administrativa de transición e implementación entre SP y el Insabi, millones de mexicanos carecen de un conocimiento claro de sus derechos y obligaciones en el nuevo sistema de salud, y están totalmente expuestos en los riesgos de salud que enfrentan.

Seguro Popular fue un programa socialmente valioso, con errores que lo hacían perfectible, pero con virtudes que lo hicieron ejemplo internacional por su utilidad, alcance y reglas operativas. La afiliación al SP era voluntaria y estaba focalizada en mexicanos que no tenían la protección del IMSS, ISSSTE u otro medio formal de aseguramiento en salud. Los mexicanos en hogares de ingresos más bajos (menos de ocho mil 900 pesos al mes por familia en 2018) no pagaban cuota alguna y el resto de los hogares aportaban de acuerdo con su nivel de ingresos comprobable. La cobertura de SP no solo garantizaba las principales vacunas, exámenes de detección de numerosos padecimientos, y atención en una amplia gama de padecimientos básicos, sino que además cubría enfermedades graves y cuyos gastos catastróficos por desembolso van más allá de la capacidad de cualquier hogar pobre, e incluso de muchos hogares de los mal llamados "clase media", como malformaciones congénitas en menores de 18 años, cáncer, así como hepatitis C e infarto agudo al miocardio en menores de 65. Además, SP entregaba más de 630 medicamentos y 37 "insumos", entre ellos marcapasos, lentes intraoculares e incluso prótesis de cadera y rodilla.

De nada sirvió que autoridades como los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, así como el maestro Salomón Chertorivski, todos ellos exsecretarios de salud, solicitaran al presidente y al congreso que tomara en cuenta las opiniones y la experiencia de especialistas y profesionales de la salud antes de cancelar el programa SP. En este tema, como en muchos otros, las opiniones informadas fueron dogmatizadas, politizadas, desacreditadas y finalmente ridiculizadas.

La información disponible revela el grave ambiente de los trabajadores en el sector salud en atención de primer nivel. Médicos, enfermeras, y personal administrativo están enfrentando carencias y presiones sociales como nunca antes, para hacer más con menos de lo poco con lo que contaban antes. Hospitales familiares, aún en zonas conurbadas como el Área Metropolitana de Monterrey, presentan carestías de medicamentos básicos como penicilina o naproxeno, y medicamentos de alta especialidad o de enfermedades crónicas llevan meses sin ser surtidos en sus farmacias, y sin fecha para que esto suceda.

El riesgo final que enfrentamos ante la falta de voluntad por corregir el rumbo es que las instituciones y reglas operativas sean sustituidas por programas asistencialistas a merced del ciclo político electoral y cuyos costos de transición e implementación están costando vidas y están siendo pagados por quienes debería proteger: los hogares mexicanos más vulnerables.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago y Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

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