Legalizar la marihuana: objetivos e implicaciones

El pasado miércoles 31 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico y personal de la marihuana. Por ser la quinta vez que la corte falla en el mismo sentido, esta resolución creó jurisprudencia, lo cual obliga a todos los jueces del país a conceder un amparo a cualquier mexicano que por la vía judicial solicite a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) un permiso para consumir marihuana de manera recreativa y personal. Esta decisión histórica, de la mano de la iniciativa para regular el consumo de esta droga que presentará el partido Morena ante el Senado en fechas próximas, nos obliga a una reflexión sobre los objetivos que dicha medida persigue, así como el impacto económico y social que podría tener en el país en el corto y largo plazo.

En general, diversos especialistas han debatido durante largo tiempo las razones a favor y en contra de dicha medida. Entre las justificaciones que se han discutido para justificar y apoyar esta política se incluye principalmente la potencial reducción que esta nueva ley tendría sobre el crimen organizado, fenómeno cuyo crecimiento y combate que ha ocasionado un enorme costo social a nuestro país. Por otra parte, otros grupos han considerado que la medida traerá como consecuencia un incremento desmedido en su consumo, lo cual podría en principio ocasionar un grave problema al transformar un problema de salud pública en uno de seguridad nacional.

Un primer punto que quisiera destacar es mi convicción de qué como resultado del combate al narcotráfico durante los últimos veinte años, el problema del crimen organizado es ahora mucho más complejo que únicamente la venta y distribución de marihuana a lo largo del territorio mexicano. En particular, como producto justamente del combate al narcomenudeo en drogas como la marihuana, el crimen evolucionó en un ente que abarca no sólo la venta y comercialización de estupefacientes, sino, además, como producto de la búsqueda de mecanismos compensatorios que le permitieran sobrevivir y crecer, expandieron sus operaciones a otros tipos de crímenes como el soborno, cobro de derecho de piso, hasta integrar el secuestro y trata de personas. Por tanto, la justificación de la legalización de la marihuana con la finalidad de reducir el crimen es incompleta, o al menos el impacto social positivo que podría ocasionar en esta dimensión es limitado.

Otro punto al respecto de esta política es que toda ley debe estar acompañada de los mecanismos de impartición de justicia que le acompañe, de lo contrario se convierte en letra "de jure" pero sin aplicación "de facto". Como se ha discutido en este mismo espacio, en un país como México en dónde la ley de impuestos admite un nivel de informalidad de casi el 60 por ciento de su población, no existen mecanismos definidos para castigar la corrupción, o sólo se resuelven menos del 5 por ciento de los crímenes reportados y el restante permanece impune, la aplicación de una ley de consumo de marihuana abre múltiples preguntas sobre la capacidad del poder judicial para hacer cumplir su contenido y objetivos.

Una razón potencial que no se ha explorado en detalle sobre las razones de formalizar y regular activamente un mercado como el anterior es que otros países como Canadá y algunos estados de EUA ya han admitido su consumo, por lo cual eventualmente la dinámica de mercados internacionales, al igual que ha pasado en otros bienes y servicios, evolucionarán en la búsqueda de oportunidades de exportación e importación aprovechando las ventajas comparativas de producción.

Finalmente, una ley de consumo en esta droga debe acompañarse de un intenso programa de información sobre las consecuencias de su consumo, de lo contrario, la falta de ésta ocasionará externalidades en quienes al experimentar con su consumo puedan dañar no sólo sus vidas, sino las de sus conciudadanos ajenos al consumo de esta droga.

En otras palabras, la idea de responsabilizar el consumo de una droga en quien decida hacerlo es fundamentalmente correcta si y solo si se cuenta con un aparato judicial y legal efectivo que proteja también la integridad de quien ha decido no hacerlo, reduciendo la incidencia de externalidades o efectos indirectos en la sociedad.

El autor es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

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