Marco A. Pérez: Hacia un nuevo pacto fiscal en México

El esquema de coordinación fiscal que prevalece en nuestro país, privilegia a la federación como el principal recolector de impuestos a nivel nacional, dejando a los estados y a los municipios, solo impuestos marginales que poco aportan a financiar el gasto de los gobiernos locales.

En promedio, a nivel nacional, casi noventa centavos de cada peso que gastan los estados y los municipios, provienen de las arcas de la federación, lo que deja ver la excesiva dependencia de las finanzas locales en los recursos federales.

De los $3.5 billones de pesos que se contemplan recaudar en 2020 por impuestos federales en el país, el 97 por ciento ($3.4 billones) proviene de los tres principales impuestos a cargo de la federación, que son el Impuesto sobre la Renta, (ISR) el Impuesto al Valor Agregado, (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Ninguno de estos tres impuestos se puede cobrar a nivel estatal, y a cambio, la federación reparte entre los estados el 20 por ciento de la recaudación federal participable, bajo el denominado "Fondo General" aplicando fórmulas pre determinadas que además de tomar en cuenta la importancia relativa de cada estado, contempla elementos "redistributivos" que hacen que los estados menos desarrollados, y con más población, perciban incluso mayores ingresos a los que en teoría aportan a la recaudación federal.

Si bien ningún estado se opone a que existan elementos "redistributivos" en el reparto de los impuestos federales recaudados, el reclamo es que se haga, pero con la asignación de los 80 centavos con los que se queda la federación, y no con los 20 que le reparte a los estados.

Es decir, es correcto que la federación procure canalizar mayores recursos federales a las entidades federativas menos favorecidas, pero lo que no aceptan es que lo haga con los pocos recursos que transfiere vía participaciones federales.

Nuevo León, el cual es uno de los más importantes estados dentro de la República Mexicana, aportando el 7.6 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) recibe menos del 4.5 por ciento de los recursos participables, y el gasto estatal programado para este año, de $105 miles de millones de pesos, equivale a solo el 1.7 por ciento del gasto que programó la federación para este año, de $6,107.7 miles de millones de pesos.

Como vemos, es monumental el desequilibrio de las finanzas públicas entre los diferentes órdenes de gobierno, donde la preeminencia de la federación es abrumadoramente mayoritaria.

De ahí que algunos gobernadores han iniciado ya un movimiento tendiente a configurar un nuevo pacto fiscal entre la federación y los estados, que les proporcione a los gobiernos locales mayores recursos para atender las necesidades de su población, y que dependan menos de las transferencias de recursos federales, buscando menos centralismo y más autonomía para las finanzas locales.

Una opción para conseguir este objetivo, es hacer del ISR de las personas físicas un impuesto estatal, y que contribuyente entere su impuesto sobre la renta en la entidad federativa donde reside, y las empresas que retienen ISR a sus trabajadores, lo enterarían también a las tesorerías locales.

En materia de IVA, por ejemplo, se puede dividir el 16 por ciento que se cobra actualmente como tasa generalizada, en un 10 por ciento para la federación, y un seis por ciento para los estados, repartiendo de igual manera el IVA acreditable y eliminando el pago en frontera de los productos importados.

Obviamente, si a la federación se le van a reducir los impuestos que actualmente se quedan en su tesorería, lo conducente es que reduzca también, de manera proporcional, el gasto federalizado que realiza en los estados, como en educación o en salud, y se realice una nueva reasignación de atribuciones y de obligaciones, en el nuevo pacto fiscal.

Es increíble que esta "federalización" de las finanzas públicas alcance también a instituciones como el IMSS, ya que actualmente las cuotas obrero patronales que se pagan en NL, van a la Tesorería del IMSS en Ciudad de México, y no se quedan en el estado, ya que posteriormente se tiene que "negociar" el presupuesto que se le aprobará a nuestro estado, el cual siempre es inferior a los ingresos aportados, cuando lo correcto es que los recursos que pagan los obreros y los patrones de Nuevo León, se apliquen a sufragar los servicios que por ley les corresponden, y no se vayan a financiar el gasto de otras entidades federativas.

Es decir, el nuevo pacto fiscal, debe alcanzar no solo los impuestos federales, sino todas las prácticas centralistas en materia de finanzas públicas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.