Monterrey

Marco Pérez Valtier: ¿Cuánto costo cancelar el nuevo aeropuerto de la CDMX?

El costo de cancelación de 331 mil millones 996 mil 517 pesos.

Sin duda, este tema es el que ha acaparado la mayor atención en los medios de comunicación, e incluso el auditor superior de la nación, David Rogelio Colmenares Páramo, ya ha admitido la posibilidad de que su estimación de este "Costo" de cancelación, no sea tan elevada como los sugieren en su informe, de 232 por ciento superior a los $100 mil millones de pesos que oficialmente anunciara el Gobierno Federal el 26 de Abril de 2019.

Una primera observación que es interesante destacar, es que el Costo de cancelación de $331 mil millones 996 mil 517 pesos y 60 centavos que determina la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se integra con DOS elementos, el primero, una cantidad YA EROGADA por $163,540,720.5 pesos, asociada a dinero ya gastado en la obra civil, adicionado de los costos de rescindir los contratos ya firmados, cifra que parece INDISCUTIBLE y que por sí sola supera en un 63.5 por ciento a la estimación oficial del Gobierno, y la segunda, por $168,455,797.1 pesos, correspondiente a erogaciones FUTURAS que habrán de sufragarse para finiquitar formalmente este entuerto.

En declaraciones posteriores al reclamo presidencial, sobre lo elevado de este cálculo, el Auditor Superior admitió que estas "erogaciones futuras" que estima la ASF, aún no se erogan, y que incluyen, además de los intereses que se están devengando por las deudas contratadas, el correspondiente reembolso de las mismas, dejando entrever, que esa estimación podría corregirse a la baja.

Coincido parcialmente con el comentario del Auditor, sí y solo sí, los recursos obtenidos por las colocaciones de los Bonos y los diferentes instrumentos financieros utilizados para financiar esta inversión, estén DISPONIBLES en los fideicomisos utilizados para estos efectos, y EN EFECTO, se apliquen a la amortización anticipada de los mismos, ya que en este supuesto, a pesar de que sean erogaciones futuras, NO representarían un COSTO para la Nación, pues estaríamos únicamente ante una DEVOLUCIÓN del dinero ajeno.

Sin embargo, si esos recursos provenientes de recursos ajenos, YA SE GASTARON, como ES EL CASO, tanto en inversiones ya realizadas, como en manera posterior, al CANCELAR esos fideicomisos y disponer de manera IREGULAR de esos fondos, entonces el repago o la amortización de esas deudas, SÍ deben contabilizarse como costos.

Quizás sería conveniente que en el informe de la ASF, se detalle también el monto de los recursos tomados a préstamo que aún no se invertían en la construcción del aeropuerto y que deberían estar depositados en los fideicomisos, y que posteriormente, a raíz de la cancelación de fideicomisos, esos recursos fueron transferidos a la SHCP para ser gastados en otros fines, lo cual, en estricto sentido, debe constituir otra "anomalía" que debe ser reportada y sancionada.

Si posteriormente, dado que se gastaron esos recursos, originalmente etiquetados para la construcción del aeropuerto, y ahora deben reponerlos, este "costo" (en estricto sentido) no debería atribuirse a la "cancelación" del aeropuerto, sino catalogarse como una desviación de recursos públicos.

Por otro lado, el Gobierno muestra un impecable manejo de la opinión pública, al enfocar la "relevancia" del tema en un supuesto "error" en el cálculo, para descalificar el resultado, desviando la atención de un dato incontrovertible, que YA COSTÓ 63 por ciento más la cancelación, como si hubiera gran diferencia entre matar a una persona de 100, de 163 o de 232 puñaladas.

Por otro lado, el Auditor debe opinar sobre la responsabilidad y las posibles repercusiones legales que implican cancelar el aeropuerto, y no solo aceptar que de manera impune y sin consecuencias, se le imponga un costo al País por cancelar una obra pública en marcha, que fue autorizada legalmente, sin que se tengan argumentos sólidos para ello, ni mucho menos escudándose en consultas populares ilegales, eludiendo afrontar personalmente la responsabilidad de esa decisión, y pagándola con dinero de los contribuyentes.

Por otro lado, mientras los reflectores se dirigen a este posible "reconsideración" en el costo de la cancelación del aeropuerto, se deja de hablar de las otras observaciones, que no por sus montos son menores relevantes, que incluyen a casi todos los programas "insignia" de esta administración, como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el programa de jóvenes construyendo el futuro, donde detectaron como beneficiarios a un buen número de difuntos, y en fin, a todo un rosario de anomalías financieras que sí son vinculantes y deben conducir al fincamiento de responsabilidades y a la reparación del daño al erario público.

De aquí la relevancia de contar con Instituciones no solo "Autónomas" sino verdaderamente imparciales, profesionales, comprometidas con la verdad y al servicio de la Sociedad, y no del Gobierno en turno.

Más, cuando se abusa de la facilidad para "reservar" datos y contratos millonarios por periodos de tiempo que rebasan sus periodos administrativos, para que se sepa la verdad, ya que hayan dejado sus puestos públicos.

El que nada debe, nada teme.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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