Marco Pérez Valtier: La importancia de los contra pesos al Poder Ejecutivo

La reciente iniciativa preferente del Presidente López Obrador, en la cual propuso una contra-reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el País, cambiando las reglas del juego bajo las cuales el sector privado invirtió miles de millones de dólares, y corren riesgo de perderse, es un claro ejemplo de la necesidad de que existan contra pesos efectivos para las acciones del Ejecutivo Federal, que pueden infringir cuantiosos daños a la economía nacional, ya que a pesar del clamor generalizado de lo nocivo e inconveniente de esta reforma, el Poder Legislativo, en ambas Cámaras, tanto la de Diputados como la de Senadores, la aprobaron sin modificación alguna.

Pocas veces, una propuesta de Reforma logra unir a los sectores productivos en un abierto y total rechazo a una iniciativa que repercutirá negativamente en la economía nacional, como es el caso que nos ocupa, y es más que alarmante que el Poder Legislativo haga oídos sordos a esta preocupación fundada, y proceda a conceder una aprobación que sin duda va a desencadenar una serie de juicios y de amparos, buscando proteger las inversiones ya realizadas por la vía judicial.

Más grave aún, es el hecho de que esta iniciativa de reforma busca como objetivo final, reimplantar el monopolio estatal de la generación de energía eléctrica, en manos de la ineficiente y quebrada empresa (im)productiva del estado, que implicaría un grave retroceso para la productividad empresarial y para el cuidado del medio ambiente.

Las reglas impuestas con la reforma energética del sexenio pasado, priorizaban el costo de producción como el factor fundamental que aplicaba el Órgano Regulador, para priorizar el despacho (adquisición) de la energía eléctrica producida, y bajo estas reglas, el sector privado invirtió muchos miles de millones de dólares en plantas eléctricas eficientes, de bajo costo, y además no contaminantes, que tenían sus ventas aseguradas, debido a su costo más económico de producción, en comparación con la energía producida por las plantas de la CFE, la cual mantiene la rectoría del sistema eléctrico nacional, controlando de manera exclusiva la transmisión y la distribución de toda la energía en el País.

Obviamente, la idea era que paulatinamente, la generación de energía eléctrica por parte de la CFE fuera menguando, y cediera espacios a productores más eficientes, que permitiera bajar el costo de la energía eléctrica para los sectores productivos del País, y les permitiera ser más competitivos a nivel internacional, e incluso ir reduciendo los subsidios eléctricos en el País.

La reforma cambia las reglas de despacho preferente a los productores de menor costo, para poner en primer lugar a la energía generada por las plantas de la CFE, sin importar su costo, de tal manera que se garantice que primero se despache toda su producción, antes de que se adquiera un solo kilowatt a los productores privados, por lo que si en un futuro se aumenta la capacidad de producción de la CFE, se desplazaría totalmente a los productores privados, y sus inversiones quedarían sin uso.

A pesar de que es innegable e incuestionable que esta reforma irremediablemente se traducirá en mayores costos de la energía eléctrica para la economía nacional, y que el beneficio que podría representar, es solo el de prolongar la agonía financiera de una empresa financieramente quebrada, nadie en el Poder Legislativo fue capaz de detener esta reforma, dejando al sector privado en manos del poder judicial, para intentar detener la aplicación de estas nuevas medidas.

Además, la reforma modifica otras cuestiones que también incidirán de manera negativa en este sector, como las subastas para adquirir energía barata y la posibilidad de revocar permisos anteriores, afectando también el valor de los certificados de energías limpias (CEL).

Paradójicamente, la viabilidad financiera de la CFE es mayor si se especializa en la transmisión y en la distribución de la energía eléctrica, actividades que por ley le son "exclusivas", y quizás pudiera conservas algunas plantas generadoras eficientes, sin embargo, con la nueva Ley, que ordena el despacho (adquisición) de toda la energía que produzca, sin importar el costo, será tierra fértil para más ineficiencias que seguramente agravarán su precaria salud financiera.

El año pasado, sus resultados financieros fueron más que desastrosos, arrojando pérdidas superiores a los $78 mil millones de pesos, y su pasivo laboral es cada vez más oneroso, lo que no augura nada bueno para los próximos años, aunado al creciente subsidio a las tarifas domésticas que son prácticamente imposibles de eliminar, y que ya rozan los $70 mil millones de pesos al año, y que con esta nueva Ley, crecerían aún más a medida que cueste más producir la energía eléctrica.

Se necesita, entonces, un Poder Legislativo que no esté al servicio del Poder Ejecutivo, y que pueda frenar de manera eficiente, las acciones negativas o inconvenientes que pretenda instrumentar el Presidente, y que dañarán, irremediablemente, la economía del País.

Finalmente, si existen argumentos sólidos que ponen en evidencia actos de corrupción y contratos "leoninos" en favor de particulares, lo conducente es combatirlos por la vía legal y de manera casuística, conservando los beneficios de la reforma.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.