Durante 2016, casi 9 de cada 10 empresas (86.7 por ciento) localizadas en Nuevo León manifestaron que los actos de corrupción por parte de servidores públicos fueron "frecuentes" o "muy frecuentes. Este porcentaje es superior al promedio nacional (82.2 por ciento).
Lo anterior fue detectado en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, llevada a cabo por el INEGI. Esta fue la primera vez que el INEGI realiza esta encuesta, que tiene como objetivo generar información referente a las experiencias y percepción de las empresas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos.
De acuerdo con la definición contenida en la ENCRIGE, la corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando un servidor público abusa de sus funciones para obtener dinero, regalos, favores, o cualquier beneficio para sí mismo, sus familiares o amigos.
A nivel nacional, 561 de cada 10 mil empresas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción. Los costos para las empresas derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 1.6 mil millones de pesos durante 2016. El costo promedio de corrupción por empresa durante 2016 fue de 12,243 pesos.
La ENCRIGE investigó también los principales factores que obstaculizan el desarrollo de las empresas. Para el caso de Nuevo León, la inseguridad y la delincuencia ocuparon el primer lugar, señalado por el 76.7 por ciento de los establecimientos, este porcentaje es superior al promedio nacional, que fue de 72.6 puntos porcentuales.
Otros factores identificados por la encuesta fueron el aumento en los precios de los insumos, señalado por el 36.5 por ciento de las firmas, la corrupción (21.2 por ciento) y la economía de la entidad, mencionada por el 18.2 por ciento de las empresas entrevistadas.
Otro aspecto investigado en la encuesta fueron las causas para incurrir en actos de corrupción. En el caso de Nuevo León, el 57.9 por ciento de las empresas incluidas manifestaron que los actos de corrupción son motivados para agilizar trámites, el 46.1 por ciento para evitar multas o sanciones. El 10.1 por ciento de las empresas nuevoleonesas manifestaron incurrir en actos de corrupción para ganar contratos gubernamentales.
Otra variable detectada en la ENCRIGE fueron los costos monetarios en los que incurrieron las empresas para cumplir con las diversas regulaciones gubernamentales durante el año pasado. En este aspecto Nuevo León ocupó el segundo lugar en el país, con un costo promedio de 170 mil 144 pesos, cifra muy superior al promedio nacional (48 mil 871 pesos).
La presencia de la corrupción en la administración pública de nuestra entidad, aunado a otros fenómenos, como el repunte de la inseguridad, expresada en secuestros, extorsiones robos y asaltos, las repetidas fallas administrativas, las promesas incumplidas, entre otros factores, representan cada vez más "focos rojos" en la administración del actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Esto está generando cada vez más descontento entre los nuevoleoneses, y dilapidando el capital político que una vez tuviera el primer gobernador independiente del país y representa un clavo más en el ataúd de sus aspiraciones a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.
MEJORAN EXPECTATIVAS
Las expectativas de corto plazo sobre el crecimiento de la economía mexicana han seguido mejorando. En la Encuesta Mensual entre especialistas del sector privado, que elabora el Banco de México, las perspectivas de crecimiento para 2017 y 2018 se han incrementado por cuarto mes consecutivo.
Para 2017 las expectativas de crecimiento del PIB se ubicaron en 1.98 por ciento, medio punto porcentual por encima de la existentes en febrero (1.49 por ciento). Las perspectivas para 2018 son que la economía crecerá 2.23 por ciento, 20 décimas de punto por encima de lo pronosticado en febrero pasado.
Como consecuencia de lo anterior, la proporción de analistas que consideran que la economía mexicana mejorará en los próximos seis meses fue de 39 por ciento en la última encuesta, mientras que en enero pasado, ninguno (0 por ciento) de los analistas consideraba factible esta posibilidad.
El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.
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