Por mucho tiempo, la diplomacia tradicional fue el eje articulador de las relaciones internacionales. En esta actividad, los Estados desempeñaban un papel central. Sin embargo, debido a la globalización y la creciente interdependencia económica, otros actores empiezan a tener mayor presencia en el ámbito global. Este es el caso de los gobiernos locales, los cuales desarrollan la paradiplomacia, la cual contempla toda esa serie de vínculos que establecen estados y municipios en la esfera internacional.
En el marco de la paradiplomacia, existe un fenómeno creciente conocido como la diplomacia transfronteriza que incluye una amplia gama de actividades e interacciones que establecen dos ciudades que comparten una frontera internacional.
En México, diferentes metrópolis ubicadas al norte del país están generando vínculos muy intensos con sus contrapartes del sur de Estados Unidos. Dos regiones binacionales que sobresalen son San Diego-Tijuana y Laredo-Nuevo Laredo.
Debido a su alta interacción económica, ya no se trata de dos ciudades separadas, sino éstas conforman una región binacional altamente integrada. El intercambio comercial es intenso y la industria está prácticamente entrelazada en ambos lados de la frontera.
Muchas empresas han establecido cadenas productivas internacionales a través de maquiladoras y otro tipo de compañías. Las dos zonas registran uno de los mayores números de cruces de personas y de vehículos. Además, las dos regiones comparten problemas comunes. Son polos de atracción migratoria; padecen problemas ambientales; cuentan con niveles de inseguridad altos; los tiempos de cruce fronterizo son muy largos; sufren de problemas urbanos y otra serie de dificultades que son propias de ciudades fronterizas.
La diplomacia transfronteriza tiene un papel fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de esas localidades. Por esta razón, estos actores locales deben buscar mecanismos de interlocución y cooperación para hacer frente a los retos que conlleva una región binacional. Precisamente, la gobernanza regional busca generar políticas públicas y mecanismos institucionales adecuados que ayuden a resolver esos problemas comunes. Para ello, es necesaria la coordinación de actores públicos y privados de naturaleza binacional que estén involucrados en estos fenómenos, tales como gobiernos municipales y estatales, consulados, cámaras de comercio, universidades y organizaciones sociales.
Existen diferentes obstáculos de naturaleza cultural, económica y política que impiden una mayor cooperación transfronteriza. Aunque ha aumentado el número de mexicanos viviendo y trabajando del otro lado de la frontera, hay todavía diferencias étnicas, religiosas, y de prácticas sociales, que no favorecen una mayor integración. Bajo la misma lógica, los niveles de desarrollo económico son asimétricos en ambos lados de la frontera. Sin embargo, existen también incentivos para incrementar la cooperación transfronteriza. La creciente interdependencia binacional es también un factor que genera incentivos para una mayor cooperación.
En el caso de San Diego-Tijuana, existen mecanismos binacionales para fomentar una mayor integración, como es el caso de la iniciativa de "Calibaja". Bajo esta lógica, ambas ciudades propusieron la organización de los juegos olímpicos de 2024. Pero la iniciativa no prosperó. En otras esferas, hay avances significativos. Por ejemplo, San Diego y Tijuana comparten un aeropuerto binacional, único en el continente, lo que ha proyectado a la región a otras dimensiones internacionales. En el caso de Laredo-Nuevo Laredo, existe el "Grupo Binacional Laredos", el cual se ha convertido en un importante foro para impulsar el diálogo y la concertación política en la región.
Es altamente previsible que la integración de estas dos regiones aumente a corto y mediano plazo. Eso implica también que existan fuentes de conflicto en la zona.
Bajo esta lógica, la diplomacia transfronteriza y la gobernanza binacional desempeñarán un papel clave para reducir los conflictos y promover la cooperación. Asimismo, es necesario que los gobiernos federales pongan mayor atención a estas zonas por el peso demográfico que tienen y la importancia económica que reflejan.
Los gobiernos municipales en ambos lados de la frontera deben establecer canales de comunicación que permitan impulsar políticas públicas que ayuden a mitigar la problemática compartida. Por su parte los consulados deben buscar incrementar los contactos binacionales para atender los retos que representa la frontera.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil deben también participar en la generación de alternativas que sean viables para una región que tiene su propia dinámica y naturaleza.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
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