Miembros del Comité Afectados por Banco Ahorro Famsa urgieron a los diputados y senadores a avanzar en las diferentes iniciativas para modificar la Ley de Instituciones de Crédito, donde se priorice a los ahorradores en el nivel de prelación y los afectados puedan recibir el 100 por ciento de su dinero.
Eric Elizondo y Ricardo González, integrantes del movimiento y afectados mencionaron que, en este tipo de casos la legislación sólo permite resarcir el daño por hasta 400 mil UDIS, sin embargo, el pago de los excedentes es la quinta prioridad que liquidar una vez que se vendan los activos del banco.
"Tememos que los recursos se agoten una vez que el IPAB reclame los utilizado como parte del seguro, ya que el organismo es el cuarto en los privilegios de repartición y ellos el quinto", indicaron.
Hasta el momento los senadores, Manuel Mancera (PRD), Víctor Fuentes (PAN) y Samuel García (MC) presentaron, por separado, diversas iniciativas para modificar la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Instituciones de Crédito.
En estas se incluyen artículos transitorios con efecto retroactivo única y exclusivamente para los acreedores de Banco Ahorro Famsa.
Los afectados comentaron que "hemos estado trabajando para que esas iniciativas se dictaminen, sigan el proceso legislativo, pero han estado guardadas en el cajón. Lamentablemente la pandemia ha reducido las sesiones normales del periodo ordinario y le están dando prioridad al presupuesto de ingresos y egresos en cada una de las cámaras".
"Creo que sí debemos hacer la presión para que la ley cambie lo antes posible, seguimos en pie de lucha (…) el grupo está motivado a ir y hacer un reclamo a los diputados de que nosotros también valemos y que esas iniciativas caminen", explicó González.
Elizondo detalló que, si bien el IPAB ya entregó la mayoría de los cheques por hasta 400 mil Udis, que equivale alrededor de 2.5 millones de pesos, hay nueve mil millones de pesos (mdp) en excedentes que no han sido entregados.
De estos, seis mil millones de pesos pertenecen a personas físicas que en su mayoría son adultos mayores.
"Quedan 9 mmdp de ahorros de gente grande, que ha visto todo su dinero perdido por unos ladrones de cuello blanco, coludido con autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)", enfatizó Elizondo.
Ambos coincidieron en que el único indicio que detectaron de que algo sucedía con el banco fue cuando en junio, éste solicitó en Estados Unidos el Capítulo 11, sin embargo, nada pudieron hacer porque para el 1 de julio ya se le había revocado la licencia.
"La CNBV debió haber hecho muchas cosas anormales para que el banco pudiera seguir operando. Un banco no puede bajar del 11 por ciento al -6 por ciento su índice de capitalización en menos de dos meses es imposible. Había un agujero que estaban tapando, el cual se dejó de tapar y creo que esto fue una estrategia que traían de hace tiempo con los dueños y las autoridades", consideró Eric Elizondo.