En un mundo donde 1,3 mil millones de personas son fumadoras y enfrentan un riesgo significativo de muerte prematura, la estrategia de reducción de daños del tabaco emerge como una medida crucial en la lucha contra el tabaquismo. En el reciente análisis “Progresos en la lucha contra la epidemia de tabaquismo” publicado en la revista británica The Lancet, se destaca la importancia de adoptar enfoques innovadores para abordar este problema de salud pública global.
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) ha sido un hito en los esfuerzos mundiales para combatir el tabaquismo. Sin embargo, se ha señalado que la estrategia central del CMCT debe incluir la reducción de daños del tabaco, además de las medidas tradicionales de reducción de la oferta y la demanda. Aunque el CMCT no prohíbe los enfoques de reducción de daños, la falta de un respaldo firme de la OMS limita las opciones más saludables para los fumadores en todo el mundo. Esto es especialmente relevante dado el éxito demostrado en entidades como Reino Unido, Nueva Zelanda, Suecia y Noruega, donde la adopción de productos de nicotina de menor riesgo ha contribuido a una reducción significativa en la prevalencia del tabaquismo.
El atraso en las recomendaciones de regulación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado a países como México rezagados en el debate sobre la implementación de medidas más efectivas para abordar el consumo de tabaco. Esta falta de respaldo firme de la OMS limita las opciones más saludables para los fumadores en todo el mundo. Mientras tanto, en México, persiste un constante debate sobre cómo abordar este tema de manera efectiva y en consonancia con las directrices internacionales.
La postura oficial del actual gobierno de México sobre los vapeadores, cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado, es clara y basta con escuchar las declaraciones del presidente López Obrador. El pasado 26 de enero, el mandatario afirmó en su conferencia de prensa matutina que enviaría una iniciativa de ley para prohibir estos productos definitivamente, y aseguró que “no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas”. El líder dijo además que “no se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, qué es lo que pasa con los vapeadores”. Si esto fuera así, entonces sería lógico pensar que, en otros países, especialmente aquellos con sistemas de salud más avanzados que el de México, estos productos estarían prohibidos terminantemente. No es el caso.
Un ejemplo destacado es el caso del Reino Unido, donde desde hace casi una década la regulación de productos alternativos al cigarro se ha basado en evidencia científica. Esta evidencia respalda la noción de que estos productos, al eliminar la combustión, reducen significativamente la exposición a los tóxicos del humo que son los responsables de las enfermedades asociadas al tabaquismo. En este país, el sistema de salud ofrece vapeadores de forma gratuita a fumadores que deseen dejar el hábito, así como subsidios a mujeres embarazadas para que sustituyan el cigarro por productos alternativos de consumo de nicotina.
Uno de los argumentos más repetidos respecto a estos productos es que promueven el acceso al cigarro, al funcionar como una especie de “puerta de entrada”. La evidencia estadística del Reino Unido demuestra que se ha logrado disminuir la tasa de prevalencia de fumadores de 20.2% en 2011 a 12.9% para 2022. Según un reciente estudio de la Universidad de Brunel en Londres, la conversión de 50% de los fumadores actuales hacia productos de riesgo reducido significaría para el sistema de salud británico un ahorro de 500 millones de dólares anuales por concepto de atención a cinco enfermedades: cáncer, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, bronquitis crónica y enfisema.
El estudio publicado en el British Journal of Healthcare Management analizó datos relacionados con el tabaquismo como causa de muerte, así como el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a este hábito. Los investigadores concluyeron que, si 50% de los fumadores lograran migrar a alternativas de riesgo reducido, los ingresos hospitalarios se reducirían en 13%. El ahorro también sería significativo para el gasto en seguridad y atención social debido al tabaquismo, que juntos ascienden a más del doble del costo de fumar para NHS, que anualmente representa más de 2.5 mil millones de dólares.
En México, las estadísticas están avanzando en sentido contrario al del Reino Unido. A pesar de una política de cada vez más restricciones al cigarro y a los vapeadores, la prevalencia de fumadores pasó de 17.6% en 2017 a 19.5% en 2022. Peor aún, los intentos de prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos han tenido un efecto contraproducente, con la creación de un enorme mercado negro que opera sin que ninguna autoridad pueda hacer algo para evitarlo. Hoy en día, cualquier persona, mayor o menor de edad, puede comprar un vapeador o un cigarro electrónico “pirata” en las calles de México sin problema alguno.
En conclusión, mientras que en México se les considera villanos, en países avanzados en la materia como Nueva Zelanda, Suecia y Noruega los vapeadores y cigarros electrónicos que cumplen rigurosos estándares de producción son parte de la solución al reto que enfrentan los fumadores. Es importante entender que ningún producto de tabaco o nicotina es completamente seguro al cien por ciento. Decidir si consumirlos o no es algo personal y debería basarse en evidencia y conocimiento científico.
Además, es claro que los vapes y los cigarros electrónicos piratas no son seguros y no cumplen con los estándares mínimos. Siguiendo el ejemplo de otros países que ya han implementado medidas regulatorias, deberían ser prohibidos, especialmente para proteger a los menores y evitar que accedan a estos productos. Parece que la mejor manera de lidiar con este problema es regularlos en lugar de simplemente prohibirlos.
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