Desde diciembre de 2020 se ha producido un resurgimiento del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados opositores en la República Centroafricana (RCA). En los últimos meses, la situación se ha vuelto extremadamente volátil en muchas áreas rurales de todo el país. La inseguridad causada por los combates y el miedo a los ataques han obligado a muchas personas a huir hacia ciudades más grandes. La violencia también ha afectado gravemente la capacidad de las organizaciones para ofrecer atención médica.
Naodia estaba en casa, a punto de dormir, cuando la primera bala le alcanzó en el abdomen. El tiroteo pronto rompió la ventana junto a la cama donde estaba acostada con su hija de dos años. Se apresuraron a buscar protección junto al padre de la familia y los otros dos hijos de Naodia, que ya estaban durmiendo en el suelo, pero poco después, los atacantes prendieron fuego a su casa.
Naodia, de 25 años, es de Beltounou, un pueblo en las afueras de la ciudad de Kabo, en el norte de RCA, cerca de la frontera con Chad. Como muchas otras partes de la República Centroafricana, esta zona ha experimentado un importante aumento de violencia que nuevamente se ha extendido por todo el país. La RCA ya tenía algunos de los indicadores de salud más pobres del planeta.
Según sus vecinos, la noche del 23 de junio, ocho hombres con armas automáticas atacaron Beltounou durante aproximadamente una hora. Cuatro personas murieron, otras cuatro resultaron heridas y 15 casas fueron incendiadas por completo. La mayoría de los 2 mil habitantes huyeron tras el ataque.
“Los atacantes debieron pensar que ya estábamos muertos cuando abandonaron el lugar”, explica Naodia. “Dejamos la casa en llamas y nos escondimos en un bosque cercano. Apenas podía caminar; me dolía todo el cuerpo, no solo por la herida de bala, sino también porque estaba embarazada de cuatro meses. Mi esposo consiguió unas bicicletas y nos fuimos a Kabo en medio de la noche”.
Les llevó tres horas cubrir los 13 kilómetros entre Beltounou y Kabo a lo largo de un camino de tierra repleto de baches llenos con el agua que descargan las frecuentes tormentas de la actual temporada de lluvias. “Mi esposo llevaba a los niños y un hermano cargaba conmigo. Fue muy difícil y sufrimos mucho”, recuerda Naodia mientras se recupera de una cirugía en el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kabo. “Al menos estoy viva, pero perdimos todo lo que teníamos. Ahora ni siquiera tengo mi propia ropa”.
Como la mayoría de sus vecinos que también huyeron de Beltounou, Naodia y su familia se han quedado en Kabo, una localidad con más de 60 mil habitantes, el 20 por ciento de ellas son personas desplazadas que llegaron de otras zonas. La mayoría se estableció aquí durante períodos anteriores de violencia, pero desde abril han llegado de manera constante nuevas comunidades desarraigadas.
De los ataques contra ciudades a la inseguridad en las zonas rurales
A finales de diciembre, una coalición recién formada por grupos armados no estatales lanzó una ofensiva contra el gobierno en medio de unas tensas elecciones que ratificaron a Faustin-Archange Touadéra como presidente.
La coalición, que agrupa a facciones armadas que en años anteriores habían luchado entre sí, consiguió tomar el control temporal de algunas ciudades importantes y, en enero, incluso llegó a las afueras de la capital, Bangui. Sin embargo, más tarde, el gobierno y las fuerzas aliadas recuperaron el control de las áreas semiurbanas y empujaron a la oposición armada hacia las zonas periféricas.
La situación actual en muchas zonas rurales de la República Centroafricana se ha vuelto extremadamente volátil debido a los frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados, los ataques a las aldeas y las exacciones contra la población.
El ruido y los llantos de decenas de bebés que esperan durante una mañana de finales de junio con sus jóvenes madres a ser vacunados en un centro de salud de Farazala, un pequeño pueblo a dos horas de Kabo, ofrece una falsa impresión. Faya*, un sanitario local, afirma que ahora hay muchas menos personas que acuden a su consulta médica.
“Antes venía más gente de las aldeas cercanas, pero el número ha disminuido a causa de la inseguridad”, asegura Faya. “Mujeres que viven a solo cuatro o cinco kilómetros de distancia prefieren ahora dar a luz en casa en lugar de venir aquí. Algunas personas tienen miedo incluso de ir a trabajar a sus huertos o a pescar y cazar. En algunos casos, los campos de cultivo han sido destruidos”.
“Solíamos derivar a muchos pacientes de Farazala a Kabo a través de un sistema de motociclistas establecido por MSF, pero ahora esto no es tan fácil”. Faya recuerda que, cuando comenzaron los enfrentamientos, miembros de los grupos armados quitaron muchas de las motos a la población. Posteriormente, cuando el gobierno y las fuerzas aliadas tomaron el control del territorio, se restringió el uso de este medio de transporte en algunas de las carreteras principales, bajo la asunción de que quienes usan las motos son combatientes.
En aquellas áreas donde las motocicletas pueden circular, los motociclistas que transportan medicamentos vitales y a personas enfermas y heridas al hospital frecuentemente son atacados, heridos y robados a punta de pistola. Estos actos de violencia suelen ser atribuidos por las partes en conflicto a elementos incontrolados.
Algunos miembros del personal de salud comunitaria, capacitados para tratar enfermedades comunes, como el paludismo y la diarrea, examinar a los niños y las niñas por desnutrición y remitir los casos críticos al hospital, también han sufrido amenazas y agresiones en las zonas rurales.
Restricciones en el acceso a la atención médica
Esta inseguridad constante ha obligado a MSF a suspender periódicamente algunas actividades médicas en las zonas alrededor de Kabo y otras ciudades como Batangafo, Bambari y Bria. En ocasiones, esto ha incluido las visitas de supervisión, la derivación de pacientes o el trabajo de algunos trabajadores de salud comunitarios, lo que es particularmente preocupante durante la temporada de lluvias, cuando los casos de enfermedades potencialmente mortales, como la malaria, aumentan.
Al mismo tiempo, a medida que llegan más personas desplazadas, los hospitales de MSF en las ciudades han recibido más pacientes. “Vemos a más pacientes con lesiones causadas por la violencia y, en particular, a sobrevivientes de violencia sexual”, afirma Benjamin Collins, líder del equipo médico de MSF en Kabo.
Una vida de continuo desplazamiento
En los últimos ocho meses, cientos de miles de personas se han visto obligadas a separarse de sus hogares. Según la ONU, más de un millón 400 mil personas en la República Centroafricana se encuentran actualmente desplazadas, casi un tercio de la población total, la mitad de ellas como refugiadas en países vecinos.
Una de estos recién desplazados es Tanguina Chela. A finales de mayo, huyó de su aldea de Gmganga, junto con su marido y sus tres hijos. La mayoría de los 200 habitantes de Gmganga se fueron tras un aumento de la violencia y el temor de que, con el progreso del gobierno y las fuerzas aliadas, los grupos armados de oposición tomaran represalias contra las comunidades locales acusadas de colaboración.
“Dejé todo lo que tenía allí. Ahora no tengo comida y tengo que suplicar para conseguirla”, lamenta Tanguina.
Lamentablemente, nada de esto es nuevo para ella. Esta es la tercera vez que tiene que desplazarse por la fuerza. Las otras dos ocasiones fueron en 2007 y 2012.
“A lo largo de mi vida he sufrido mucho. Desde que tenía siete años. Siempre se repite la misma historia. He estado en movimiento durante mucho tiempo debido a la spera. Perdí mis pertenencias, mis tierras de cultivo, todo… Tengo hijos, pero ni siquiera sé cómo voy a alimentarlos”, explica.
Tanguina está ahora en uno de los asentamientos para personas desplazadas en Kabo, conocido como sitio B. El coordinador del campo, Gotologue Auguste, estima que hay más de 4 mil 200 personas viviendo en este lugar.
Junto a un pozo, niños, niñas y mujeres con bebés en su espalda se turnan para bombear agua a sus bidones. No muy lejos, algunas personas escuchan una speran en sango compuesta por una banda de música de Bangui que anima a lavarse las manos con jabón en medio de la pandemia del coronavirus, pero pocas personas usan mascarillas en la zona.
Cerca, algunos niños y niñas juegan con llantas y una pelota de fútbol hecha con un amasijo de plásticos; varios preparan cuidadosamente bolsitas de té para vender y otros cocinan trozos de carne sobre unas brasas. Algunas mujeres preparan la comida en ollas metálicas sobre fuegos.
El sitio B ahora es prácticamente imposible de distinguir del resto de Kabo. La mayoría de los cientos de casas pequeñas y redondas, hechas de adobes y con techos de hierba seca, han estado allí durante años. A medida que la gente abandona las casas, estas son rápidamente ocupadas por personas desplazadas recién llegadas como Tanguina, a quien se le dio una choza de una sola habitación.
Poca esperanza de un cambio
Algo parecido ocurre con el sitio C, otro asentamiento de desplazados situado no muy lejos. Hawa Ahmat ha vivido aquí desde 2013, cuando los violentos enfrentamientos entre los grupos armados Séléka y Anti-balaka y las represalias de ambos contra las comunidades golpearon también a PK13, su barrio en Bangui.
“En aquel momento, perdí a gran parte de mi familia; a mi padre, mi hermano y varios sobrinos”, recuerda. Alrededor de mil personas como ella fueron evacuadas en camiones por la Organización Internacional para las Migraciones. Algunas fueron a Moyenne Sido y otras llegaron a Kabo. “Antes, nos ganábamos la vida como comerciantes. Incluso solíamos ir a Ndjamena, en Chad, a comprar ropa, alfombras, perfumes y otras cosas, para luego venderlas en Bangui. Pero ahora apenas tengo nada. Intento hacer pequeños trabajos para sobrevivir, como limpiar las casas de la gente o vender leña”.
A pesar de los recuerdos de los sucesos que le obligaron a marchar, Hawa extraña Bangui y algún día le gustaría regresar, pero esto parece poco probable en un futuro próximo. “Incluso si soy optimista, no sé dónde está la solución a nuestros problemas. Me apena ver a mis hijos crecer sin educación, sin la oportunidad de ir a la escuela. Eso no es futuro”.
MSF ha trabajado en la República Centroafricana desde 1997. Actualmente gestionamos 13 proyectos regulares en Bangui, Bria, Bangassou, Bambari, Kabo, Batangafo, Paoua, Bossangoa y Carnot, y un equipo de emergencia móvil. Desde que el conflicto se intensificó a finales de 2020, MSF ha trabajado para garantizar la continuidad de la atención en todos sus proyectos y ha puesto en marcha proyectos de emergencia en zonas afectadas por el conflicto de Boguila, Bossembélé, Bouar, Grimari, Mbaiki, Damara, Boali, Dékoa, Liton, Kouango e Ippy.
*El nombre fue cambiado por motivos de anonimato.