Diputados oficialistas y aliados de derecha conservadora del Congreso de Guatemala aprobaron el martes, en pleno Día Internacional de la Mujer (8M), una ley de “Protección a la vida y la Familia” que criminaliza y endurece las penas en prisión por aborto, estigmatiza a la comunidad LGBT+ y prohíbe al estado informar o educar sobre la diversidad sexual.
Con 101 votos a favor, 8 en contra y 51 faltas, el Congreso de Guatemala aprobó la ley que contiene cambios al Código Penal en el que aumenta las condenas por aborto y criminaliza a las personas de la diversidad sexual.
Esto es lo que sabemos sobre la iniciativa 5272, que al quedar aprobada ahora es conocida como Decreto 18-2022.
1. La Ley de Protección de la Vida y la Familia (Decreto 18-2022) tiene como objetivo “la protección de la vida, la familia, la institucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión, así como el derecho de los padres para orientar a sus hijos en los ámbitos de la sexualidad”, según argumentó el Congreso.
2. En el código penal se amplían las condenas para mujeres que abortan y para el personal médico.
- La sanción para mujeres que interrumpen un embarazo sube de cinco a 10 años de prisión.
- Las penas para personal de salud suben hasta a 50 años de cárcel si practican el aborto sin consentimiento de la mujer y si ella muere a consecuencia del procedimiento.
Al respecto, la abogada Stephanie Rodríguez explicó que al aumentar las penas de prisión “abre la posibilidad a que estas (las mujeres) sean investigadas penalmente si se tiene la pérdida del embarazo de forma natural (aborto espontáneo)”.
3. La ley añade que los grupos de diversidad sexual suponen “modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y la familia, los que representan una amenaza para el equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz”.
4. Bajo el argumento anterior, la ley prohíbe expresamente el matrimonio entre parejas gay o lesbianas. “Se prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
5. Y en el mismo sentido: “Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.
6. Uno de los diputados, Armando Castillo, defendió que esta nueva ley protege “a las personas heterosexuales que no tienen interés en la diversidad”. Otros legisladores expusieron que los motivos para crear una ley de esta naturaleza es porque “grupos minoritarios de la sociedad proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.
7. Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, recomendó al Estado que deje sin efecto este decreto porque va en contra de leyes nacionales y convenciones internacionales. “Es una grave regresión de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual”.
8. La organización Sororidad Guatemala expuso que en Guatemala, de enero de 2015 a julio de 2021, hasta 204 niñas de 10 años de edad fueron violadas y obligadas a llevar a término su embarazo, el cual puso en riesgo sus vidas.
Hoy el Estado hipócrita de Guatemala dice que #GuateEsVida. Sin embargo, en este país "provida" de enero de 2015 a julio de 2021, 204 niñas de 10 años fueron violadas y obligadas a continuar el embarazo poniendo en riesgo su vida, su salud, educación y proyecto de vida. pic.twitter.com/Y888jX3Ycn
— Sororidad Guatemala (@sororidadgt) March 9, 2022
A raíz de la aprobación de esta iniciativa, grupos de mujeres y de la diversidad sexual se han manifestado por dos días consecutivos en el Congreso nacional.
#noala5272
— Mujeres En Movimienta (@Mujeresmovigt) March 10, 2022
Mujeres trans de diferentes territorios movilizadas en el segundo día de protestas contra la ley de retroceso de los derechos para las mujeres y la común diversas
No pasaran #VivasNosQueremos pic.twitter.com/Q8DemCpRZd