WASHINGTON (AP) — Las revelaciones de un hueco de aproximadamente ocho horas en los registros oficiales de las llamadas telefónicas del entonces presidente Donald Trump el día del asalto al Capitolio de Estados Unidos del año pasado están planteando nuevas preguntas sobre la diligencia —o la falta de ella— de cómo llevaba sus registros.
El panel legislativo que investiga el motín del 6 de enero de 2021 ha identificado una brecha en los documentos, que va desde poco después de las 11 de la mañana hasta alrededor de las 7 de la tarde de ese día y que tiene que ver con las llamadas telefónicas de la Casa Blanca, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el asunto.
Trump no hizo comentarios el martes, pero la atención hacia la brecha se produce junto a otro dolor de cabeza político y legal para el expresidente republicano: la recuperación este año de 15 cajas de documentos, algunos de ellos con información secreta, del mandato de Trump en la Casa Blanca, que estaban en su casa en Mar-a-Lago, Florida.
A continuación, un vistazo a cómo la ley considera los documentos presidenciales:
¿Qué es la Ley de Documentos Presidenciales?
La ley de 1978 requiere la preservación de los documentos de la Casa Blanca como propiedad del gobierno estadounidense.
La ley fue aprobada tras el escándalo Watergate, cuando una colección de grabaciones secretas que el presidente Richard Nixon había ponderado destruir tuvo un papel decisivo. Las grabaciones revelaron que Nixon trató de encubrir un robo fallido en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Nixon decidió renunciar en lugar de enfrentar un juicio político y una posible destitución.
¿Cómo es aplicable en este caso?
Teóricamente, la ley requeriría la preservación de correos electrónicos, mensajes de texto y registros telefónicos, independientemente del dispositivo usado para la comunicación, explicó la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky.
El problema es que no existe un mecanismo para hacer cumplir la ley y que no ha habido un caso en el que un expresidente haya sido castigado por violar la Ley de Documentos Presidenciales. Por definición, la ley depende de la buena voluntad de los presidentes y sus asistentes para vigilar su propio manejo de los registros.
“Requiere cierta buena fe y cierto sistema de confianza, pero se pueden ver las limitaciones cuando se desploma”, afirmó Chervinsky.
Aun así, el panel del 6 de enero investiga la brecha mientras trabaja para entender las comunicaciones de Trump antes y durante el asalto, cuando decenas de partidarios de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio para impedir que el Congreso certificará la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial de 2020.
Los investigadores en la Cámara de Representantes examinan si Trump estaba comunicándose durante ese tiempo por otros medios, posiblemente con celulares personales u otro tipo de comunicación: posiblemente un teléfono provisto por un asistente.
¿Trump ya ha enfrentado un escrutinio por la forma en que se llevaron sus registros?
Sí. Luego de que se reveló que Trump había llevado consigo cajas de documentos secretos a Mar-a-Lago, los legisladores iniciaron una pesquisa y la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos reveló que le habían pedido al Departamento de Justicia que investigara el asunto.
A una pregunta al respecto, el secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo solamente que el Departamento hará lo que siempre hace, evaluar los hechos “y proceder a partir de ello”.