La Corte Suprema de Estados Unidos liberó a la administración del presidente Joe Biden para poner fin a una política de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en México a que se procesen sus casos, lo que le permite al presidente retomar el control de una faceta clave de su política de migración.
Con una votación de 5-4, la Corte dijo que el programa ‘Quédate en México’ no es requerido por la ley federal de inmigración a pesar de que el gobierno carece de capacidad para detener a todos. La administración de Biden argumentó que los funcionarios federales pueden liberar a muchos de los solicitantes en el país mientras esperan las audiencias.
El fallo le da a Biden una victoria legal, restaurando la autoridad del presidente sobre un tema que tradicionalmente ha estado bajo el control de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la decisión aumentará el desafío para Biden mientras navega por el tema políticamente tenso de la afluencia fronteriza. Su administración también está librando una batalla judicial para poner fin a los controles separados del Título 42 impulsados por la pandemia.
El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh se unieron a los tres liberales de la corte en la mayoría. Los jueces Clarence Thomas, Amy Coney Barrett, Samuel Alito y Neil Gorsuch disintieron.
Biden cumplió una promesa de campaña al suspender la política de ‘Quédate en México’ el día que asumió el cargo, pero pronto se vio envuelto en un litigio. El año pasado, la Corte Suprema obligó a la administración a reiniciar el programa, un paso que requirió negociación con el gobierno mexicano. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una explicación más completa de su rescisión del programa, lo que le dio una base legal más sólida.
Condiciones peligrosas
Los críticos dijeron que el programa, formalmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, ha obligado a las personas a vivir en condiciones peligrosas y miserables en México. Los partidarios dijeron que se necesitaba el MPP para manejar la aglomeración en la frontera y garantizar que los inmigrantes indocumentados se presenten a sus audiencias de asilo. Obligó a miles de solicitantes de asilo a quedarse en México.
La administración rescindió formalmente el MPP en junio de 2021, solo para que un juez ordenara su reinstalación y una corte federal de apelaciones confirmó esa decisión. La administración de Biden dijo que los fallos de los tribunales inferiores se inmiscuyeron en aspectos centrales del trabajo del presidente: administrar la frontera y conducir las relaciones exteriores.
En su opinión para la Corte, Roberts declaró que la decisión de la corte de apelaciones “impuso una carga significativa sobre la capacidad del ejecutivo para entablar relaciones diplomáticas con México”.
Texas y Missouri impugnaron la cancelación del programa. Argumentaron que la ley federal requiere que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detenga a las personas que ingresan ilegalmente a los EE. UU. o las envíe a un país vecino mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación y asilo.
Texas y Missouri también dijeron que el DHS violó la ley federal que rige a las agencias administrativas al considerar de manera inadecuada los beneficios del MPP y el impacto en los estados que dependían del programa. El fallo dejó abierta una vía para que Texas y Missouri siguieran presionando esos argumentos de derecho administrativo en los tribunales inferiores.