La fiscal general de Perú anunció este miércoles que reactivó una investigación por presunta corrupción contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, suspendida desde enero, con lo que suman dos investigaciones contra un mandatario en funciones, un suceso inédito en el país.
En un mensaje en Twitter el Ministerio Público indicó que la indagación contra Castillo será por el presunto delito de tráfico de influencias y lo citó a declarar el 4 de agosto.
La investigación estaba suspendida desde el inicio del año por decisión de la entonces fiscal general Zoraida Ávalos, quien en diciembre interrogó a Castillo en calidad de testigo.
La investigación judicial partió de una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por Castillo durante el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas conocidas por testimonios brindados por comandantes generales en retiro del Ejército y la Fuerza Aérea.
En noviembre el ahora exjefe del Ejército José Vizcarra dijo que recibió presiones de los entonces secretario presidencial Bruno Pacheco y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno.
Castillo también está investigado por la fiscalía por el presunto delito de organización criminal y corrupción. Según la hipótesis fiscal el mandatario encabezaría un grupo que obtenía dinero de licitaciones estatales.
Castillo, el primer presidente de origen campesino, ha asegurado en varias ocasiones que no ha robado dinero público y ha exigido pruebas sólidas a quienes lo acusan. Su cuñada también está siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.
Castillo no es el único mandatario peruano enredado en acusaciones de corrupción. Seis expresidentes que gobernaron entre 1985 y 2020 están condenados, investigados o procesados por corrupción o lavado de activos. Uno de ellos, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó poco antes de ser capturado en una investigación por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.