En los primeros días de agosto, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó el cierre de siete radiodifusoras de la Iglesia católica y abrió una investigación contra el obispo de la ciudad de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, por presunta organización de grupos violentos a los que habría incitado “a ejecutar actos de odio contra la población”.
Por esta razón, la Policía de Nicaragua le impuso este viernes 19 de agosto el arresto domiciliario al obispo de Matagalpa y envió a una prisión policial a varios de sus colaboradores tras acusarlo de incitar al odio y organizar grupos violentos.
Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2 mil heridos y al menos 100 mil exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
Según Ortega, la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.
Un mes después del estallido de las protestas, Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.
El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.
Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.
Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.
El viernes pasado, monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.
Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.
Inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.
Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado -en las que obtuvo un cuarto mandato consecutivo mientras sus más fuertes opositores estaban encarcelados-, acusó a los obispos de haber elaborado una propuesta política en 2018 “al servicio de los yanquis” y consideró que los prelados eran “terroristas”.
En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país.