El 61.9 por ciento de los chilenos rechazaron implementar una nueva Constitución en el país, según el informe del autónomo Servicio Electoral de Chile (SERVEL), al llegar a un 98.4 por ciento de mesas escrutadas, por lo que el país quedará regido por la Carta Magna impuesta por una dictadura militar (1973-1990).
“Reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado”, dijo Vlado Mirosevic, vocero del “Apruebo”, al reconocer la derrota del oficialismo que superó todos los pronósticos de las encuestas, que indicaban que el rechazo al texto, impulsado por la oposición derechista y un sector del oficialismo, ganaría por cerca del 10% de los sufragios.
Francisco Chahuán, líder de la centroderechista Renovación Nacional, señaló que “el compromiso de Chile Vamos (la coalición opositora) es una nueva y buena constitución”.
La oposición prometió que si ganaba el plebiscito impulsaría un nuevo proceso constitucional para reformar la carta magna. Algunos en el sector incluso hablaron de convocar a una convención para que redacte un nuevo texto. Sin embargo, la oposición no ha precisado si impulsará los cambios en el Congreso o en elecciones.
El plebiscito es el cierre de un proceso de tres años iniciado en 2019 cuando en Chile -considerado hasta entonces un ejemplo de estabilidad en la región- estallaron protestas callejeras estudiantiles en demanda de más igualdad y derechos sociales. Un año después el 78% del electorado decidió que quería una nueva constitución que reemplazara a la impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
La nueva carta magna ponía el énfasis en asuntos sociales e igualdad de género, consagraba derechos a los 11 pueblos originarios chilenos, priorizaba la protección del medio ambiente e introducía los derechos a la vivienda, salud y educación gratis.
El triunfo del “Rechazo” posibilita que siga vigente la constitución de los militares que la actual oposición se negó a modificar durante 30 años. Sin embargo, el sector se abrió a las transformaciones luego de que en 2020 la mayoría de los chilenos votaron a favor de una nueva ley fundamental.
Hace dos meses la oposición prometió públicamente que, de triunfar el “Rechazo”, le introduciría a la carta magna una decena de reformas, entre ellas cambiar el actual Estado subsidiario que instauró un modelo de libre mercado por un Estado social de derechos.
“Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”, señala el compromiso opositor. La constitución actual deja que el mercado regule el acceso a los derechos sociales y las pensiones se basan en el modelo de capitalización individual.
También prometió reconocer constitucionalmente a los 11 pueblos originarios chilenos y el derecho humano al agua, además de garantizar “igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres” y defender la existencia del Senado, que la propuesta oficialista eliminó.
-Con información de AP.