El expresidente peruano Pedro Castillo afronta un pedido de la Fiscalía de extender su prisión preliminar a 18 meses mientras se lo investiga por delitos de rebelión y conspiración debido a la intentona de golpe de Estado del 7 de diciembre.
Castillo permanece con detención preliminar de 7 días, que se cumplen este miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.
Un juez debe convocar a audiencia en 48 horas para escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
Horas antes, una sala de la Corte Suprema ratificó la detención de siete días a Castillo al rechazar la apelación que presentó en intento de anular la orden judicial que lo tiene preso.
Un argumento del tribunal para rechazar la apelación y ratificar la detención fue que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo político y se dirigía a la embajada de México en Lima cuando fue detenido. El pedido de la Fiscalía también considera este argumento.
El pedido de prisión preliminar incluye al ex primer ministro peruano Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.
Castillo, de 53 años, fue apresado el miércoles pasado tras anunciar en un mensaje televisivo la disolución del Congreso e intervención a varias entidades públicas sin dar un sustento legal.
El expresidente ha convocado a sus seguidores a que acudan el miércoles a la 1:42 horas de la tarde (18:41 GMT) a la sede policial donde está apresado a recibirlo al ser liberado.
En la audiencia sobre su apelación, Pedro Castillo adujo que no renunciará a la causa que le dio el pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y dejar de matar civiles.
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido (…). Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá (…). Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo en conexión virtual, interrumpido por el juez pidió ceñirse al alegato judicial.
Afuera de la prisión, los abogados de Castillo leyeron una carta del exmandatario en que culpa de las muertes ocurridas en las manifestaciones a la presidenta Dina Boluarte. La actual jefa de Estado era su vicepresidenta y asumió el gobierno por sucesión luego de que el Congreso destituyó a Castillo por el intento de golpe de Estado el mismo 7 de diciembre.
“Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, dice el exmandatario en esta misiva.
El día anterior, en otra carta, había dicho estar “en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado” y califica de usurpadora a Boluarte.
Estos mensajes han sido replicados en redes sociales del exmandatario.
Dina Boluarte ha dicho que no cree que esas expresiones vengan de Castillo. “No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente”, dijo tras visitar en un centro de salud en Lima a una niña que resultó herida en uno de los enfrentamientos en la zona de Andahuaylas, en la región de Apurímac, a unos 757 kilómetros de la ciudad capital del país.
Desde el cambio de gobierno, se suceden las protestas, con un saldo hasta ahora de seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y algunos la libertad de Castillo.