Colombia pidió una revisión de la actual clasificación que mantiene a la hoja de coca en la lista de sustancias controladas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se desarrollan en Viena.
Para Colombia, ubicar la hoja de coca en la nómina de la Convención Única en 1961 sobre Estupefacientes “constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes”, aseguró durante el debate general la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, eeste lunes 13 de marzo.
“La planta no es el problema, es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones”, añadió Gil y exhortó a los demás países a apoyar su iniciativa.
La Comisión de Estupefacientes se compone de 53 Estados miembros y tiene el mandato de decidir sobre el alcance de la fiscalización de drogas.
La propuesta sobre la hoja de coca -materia prima de la cocaína- se enmarca en una nueva política de drogas que Colombia impulsa desde hace seis meses cuando llegó al poder Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia del país.
“Colombia está cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”, aseguró Gil ente la Comisión. “Es evidente que en los países donde están los mercados de consumidores exigen sin poner de su parte. No han hecho lo suficiente en la prevención del uso de las sustancias ilícitas”, agregó.
El país andino se propone dejar atrás el modelo prohibicionista que por años ha seguido y que no ha derivado en la disminución de los cultivos, señaló Gil. En 2021 se llegó a un nivel histórico de 204 mil hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Gil aseguró que el aumento histórico de los cultivos ilícitos ha dejado un lastre de violencia, pese a que las cifras oficiales indican que en las últimas dos décadas se erradicaron de forma manual de más de un millón de hectáreas de cultivos ilícitos, se fumigaron con el herbicida glifosato dos millones de hectáreas y se incautaron 6 mil toneladas de cocaína.
La nueva política de drogas de Colombia busca evitar que se persiga al campesino cultivador y enfocar los esfuerzos de la fuerza pública en los grandes eslabones del narcotráfico y el lavado de dinero. También busca que primen los programas para que los campesinos sustituyan voluntariamente los cultivos ilícitos por los legales y disminuir la erradicación forzosa.
A nivel nacional se espera un debate sobre el uso de la hoja de coca, dado que recientemente Petro pidió al Congreso facultades extraordinarias por seis meses para “regular” sus usos alternativos, así como los del cannabis y los “fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas”.
Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, el gobierno colombiano trata de transformar la narrativa alrededor de la hoja de coca y para eso lo intenta a nivel local e internacional diciendo que no va a seguir jugando el mismo papel y que, por tanto, los demás países también tendrían que cambiar su abordaje al tema de las drogas.
“Lo que está haciendo Petro puede dar nervios a países que tradicionalmente han apoyado a Colombia a reducir la oferta de drogas, en vez de combatir el problema de consumo y salud pública en sus propios países”, dijo Dickinson a The Associated Press.
Con su solicitud, Colombia se unió a Bolivia en su esfuerzo para que la ONU retire el veto a los usos tradicionales de la coca bajo el argumento de que en su estado natural no es un estupefaciente.
“Nuestros pueblos demandan descolonizar las actuales regulaciones de las convenciones y hacer justicia con las seis décadas de colonización”, señaló ante la Comisión el vicepresidente boliviano David Choquehuanca, un indígena aymara que reivindica el masticado de la hoja de coca y pidió respeto de su uso tradicional, nutricional, terapéutico y abogó por la comercialización de la hoja.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien también formó parte de la delegación de Bolivia, recalcó que la hoja de coca no tiene “nada que ver con la cocaína” y que el narcotráfico “ha usufructuado sus bondades para su lucro privado”.
En Bolivia es legal el cultivo de coca hasta 22 mil 500 hectáreas para consumo tradicional como el masticado y las infusiones. Más de 100 mil familias dependen de ese cultivo.