Funcionarios estadounidenses y canadienses están investigando qué salió mal en la aventura comercial del Titán en aguas profundas y si se cometieron crímenes que llevaron al sumergible a implosionar y matar a las cinco personas a bordo.
Las investigaciones sobre el desastre de Titán, que ocurrió en aguas internacionales el 18 de junio, pueden verse complicadas por las preguntas sobre qué país debería tomar la iniciativa y por las dudas de que la embarcación de 6.7 metros se ajusta a la definición legal de un buque marítimo.
Con la muerte de Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate, que estaba a bordo, la posible responsabilidad penal podría recaer sobre los demás empleados, que incluyen a gerentes de operaciones o inspectores de la compañía.
La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que llevará a cabo su nivel más alto de investigación después de que una misión de búsqueda y rescate encontró restos del sumergible en el fondo del océano cerca del naufragio del Titanic en el Atlántico Norte.
La investigación examinará los “aspectos de rendición de cuentas” de la implosión, explicó el capitán de la Guardia Costera Jason Neubauer en una conferencia de prensa el domingo en Boston, y agregó que puede dar lugar a “recomendaciones a las autoridades competentes para aplicar sanciones civiles o penales, según sea necesario”.
La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá inició su propia investigación ya que las piezas del sumergible, propiedad y operado por OceanGate con sede en EU, continúan siendo recolectadas en el puerto de St. John’s, Newfoundland.
¿Hay evidencias de ‘negligencia grave’ en caso del sumergible Titán?
“Si estuviera representando a alguien que tiene algo que ver con este asunto, y fueran ciudadanos estadounidenses o estuvieran radicados en EU, ya les hubiera dicho ‘tienes que contratar a un abogado de inmediato y obtener un análisis realmente bueno de cuál puede ser tu posible responsabilidad’”, comentó George Chalos, abogado defensor marítimo.
“Un proceso penal es viable, esa es una respuesta fácil”, dijo. “¿La pregunta es dónde?”
OceanGate no respondió a una llamada o correo electrónico en busca de comentarios.
Los expertos legales han dicho que las preocupaciones de seguridad planteadas sobre el sumergible antes de la implosión ofrecen evidencia de negligencia grave que podría dar lugar a demandas civiles presentadas por las familias de los pasajeros.
Si la negligencia fue lo suficientemente grave como para que el Departamento de Justicia de EU inicie un caso penal, probablemente se sometería al Estatuto de homicidio involuntario de marineros.
La ley, que data de 1800, puede tener como objetivo a los oficiales e ingenieros, y también puede extenderse a los propietarios, inspectores y gerentes de la empresa que opera el barco. Aunque hay un listón relativamente bajo para establecer la responsabilidad penal según la ley, cualquier enjuiciamiento en EU primero requeriría establecer la jurisdicción.
Las ‘mil y una’ direcciones de OceanGate
OceanGate tiene su sede en Everett, Washington, pero su sumergible estaba registrado en las Bahamas. El Titan fue desplegado por un barco canadiense, el Polar Prince, desde St. John’s a aguas internacionales en el Atlántico sobre los restos del Titanic.
El director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, de 61 años, quien piloteó el Titán, era estadounidense; los otros pasajeros eran de Pakistán, Francia y Reino Unido. Funcionarios franceses y británicos también están investigando.
Guillermo Söhnlein cofundó Oceangate con Rush en 2009. Se desempeñó como director ejecutivo, líder de expedición y subpiloto de la compañía, dijo en una publicación de Facebook el jueves. Dejó la compañía en 2013, pero sigue siendo un accionista minoritario.
Söhnlein no respondió a una solicitud de comentarios.
Uno de los cinco fallecidos fue Rush. También estaban a bordo Hamish Harding, el multimillonario británico fundador de una empresa de capital privado, Shahzada y Suleman Dawood, padre e hijo de una de las familias más ricas de Pakistán, y Paul-Henri Nargeolet, un renombrado buzo francés.
“Aunque se siente como una operación estadounidense, cuando comienzas a ver todos los elementos, es posible que no haya suficiente para un enjuiciamiento”, analizó Martin Davies, director del Centro de Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane. “Si me preguntas qué país tiene jurisdicción más clara, es Canadá”.
El sábado pasado, investigadores canadienses de la Junta de Seguridad en el Transporte fueron enviados a St. John’s para recopilar información y realizar entrevistas, dijo la agencia. La Real Policía Montada de Canadá confirmó que está determinando si se justifica una investigación criminal, pero se negó a comentar más.