El Río Bravo tiene solo unos 99 metros de ancho, pero la vía fluvial que divide a Texas del norte de México es engañosamente peligrosa y rutinariamente se cobra la vida de los migrantes que intentan cruzarla, pero quedan atrapados en corrientes de resaca no detectadas o se ahogan.
Ahora, es el sitio de una batalla legal entre el gobierno federal de Estados Unidos y el estado de Texas con respecto al derecho a promulgar bloqueos en el río.
El Departamento de Justicia de EU anunció el 24 de julio de 2023 que presentó una demanda civil contra Texas por colocar ilegalmente una barrera de boyas flotantes en una sección del Río Bravo que tiene una longitud de aproximadamente 304 metros.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó la apelación del Departamento de Justicia a mediados de julio para retirar las boyas, diciendo que eran necesarias para mantener a los inmigrantes fuera de Texas.
El caso plantea interrogantes sobre el control federal contra el estatal sobre la frontera, así como si las tácticas como las boyas son realmente efectivas para disuadir a los inmigrantes. En algunos casos, frustran los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración de otras maneras, según el experto en derecho de inmigración Jean Lantz Reisz.
La editora de política y sociedad de The Conversation, Amy Lieberman, habló con Reisz para comprender mejor el significado de este conflicto.
¿Quién controla esta sección del Río Grande?
Creo que un mosaico de propietarios privados y entidades son dueños de la sección del Río Bravo, donde se ubican las boyas. Y del lado de México está el gobierno mexicano: la frontera va por el medio. La Comisión Internacional de Aguas Fronterizas administra la frontera del Río Bravo y es administrada conjuntamente por EU y México.
Por lo general, las autoridades federales regulan los territorios fronterizos. Todos los puertos de entrada son federales, por ejemplo. Y un estado como Texas no puede interferir con la vigilancia fronteriza de los EU. Texas no puede afirmar que es dueño de esta tierra y, por lo tanto, puede erigir cualquier estructura que quiera en ella. Y si impide el objetivo del gobierno federal de asegurar la frontera, eso es ilegal.
Pero las afirmaciones de la demanda son más específicas que esta pregunta, ¿verdad?
La demanda alega que Texas está violando la Ley de Ríos y Puertos, que es una ley federal que dice que si un estado quiere erigir cualquier estructura en aguas navegables de los Estados Unidos, debe obtener un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Eso tiene que ver con el poder federal sobre el comercio interestatal y exterior.
Obtener un permiso como este habría requerido una investigación de las posibles consecuencias humanitarias y ambientales para las boyas. Yo creo que, en este caso, el Río Grande es un agua navegable que está en la frontera y le habrían negado el permiso.
El panorama general es que un estado está impidiendo la jurisdicción del gobierno federal.
¿Cómo podrían las boyas complicar la aplicación federal de inmigración?
Estados Unidos tiene una estrategia para hacer cumplir la frontera que involucra la vigilancia física de la patrulla fronteriza, drones, sensores de calor, etc. Entonces, cuando llega un estado y bloquea físicamente una parte de la frontera, eso frustra toda la estrategia.
Significa que ciertas rutas identificables donde las personas están siendo detenidas ahora están obstruidas. Esto crea nuevas rutas de migración, por lo que es posible que las personas no crucen en esta pequeña sección particular del río, sino que encontrarán otra sección del río y cruzarán allí.
Y si las boyas crean una situación insegura que resulta en operaciones de rescate de migrantes, se suma el costo, no de hacer cumplir la frontera, sino de rescatar a las personas.
Además, la cooperación de México es parte de la estrategia de control fronterizo de EU y las boyas afectan los acuerdos entre EU y México sobre el uso del río.
¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de conflicto sobre la autoridad de inmigración?
Ha habido desafíos legales anteriores con respecto a que Texas quiere tener control sobre la vigilancia fronteriza. Problemas como que la policía estatal arreste a personas que violan la ley de inmigración: ese tipo de leyes se aprobaron en estados como Texas y Arizona y se descubrió que violan la ley federal.
Esto se debe a que el gobierno federal hace cumplir la inmigración. Los estados tampoco pueden hacer cumplir la ley federal de inmigración. Los estados pueden arrestar a personas sospechosas de violar las leyes estatales, pero no las leyes federales de inmigración.
En el caso de 2012 de Arizona contra los Estados Unidos, por ejemplo, Arizona trató de penalizar a los no ciudadanos por trabajar sin autorización federal de trabajo. El estado autorizó a las fuerzas del orden público a arrestar a personas sospechosas de haber violado la ley de inmigración. Y el tribunal determinó que Arizona no puede hacer nada que esté dentro de la jurisdicción del gobierno federal ni obstruir los objetivos del gobierno federal en lo que respecta a la inmigración.
*Escrito por Jean Lantz Reisz, codirectora de la Clínica de Inmigración de la USC y Profesor Asistente Adjunto de Derecho, Universidad del Sur de California.
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