El presidente argentino, Javier Milei, hizo circular una versión nueva y recortada de su paquete de reformas entre los gobernadores del país, en un intento de obtener su apoyo antes de volver a presentarlo al Congreso.
El llamado proyecto de ley ómnibus —que ahora contiene 269 artículos, menos de la mitad que la versión original— excluye la privatización del gigante energético estatal YPF SA, al tiempo que mantiene la privatización de la aerolínea Aerolíneas Argentinas SA. El proyecto de ley, del cual Bloomberg tuvo acceso a una copia el jueves 14 de marzo, también incluye una nueva fórmula para el cálculo de los pagos de pensiones que constituyen una parte importante del gasto gubernamental y que a menudo tocan un nervio social en Argentina.
La nueva versión ilustra la nueva táctica de negociación de Milei, que esta vez busca el apoyo de los gobernadores de Argentina en lugar de acelerar el proceso de aprobación en el Congreso sin escuchar sus opiniones. A cambio, su Gobierno ofrece un “alivio fiscal” a las provincias que necesitan urgentemente fondos federales para apuntalar las arcas provinciales que pagan los salarios de los trabajadores estatales y a los tenedores de bonos.
El primer intento de Milei de aprobar la ley ómnibus se estancó después de que la Cámara Baja del Congreso la aprobara inicialmente en votación general, pero una semana más tarde empezara a rechazar varios artículos. Esto obligó a Milei a devolver el proyecto a comisión.
El nuevo proyecto se distribuyó el mismo día en que los senadores argentinos estudian derogar la otra gran ley de Milei, un decreto de diciembre centrado en la desregulación de varios aspectos de la economía.
La ‘terapia de shock’ de Milei está al borde del colapso
La dosis inicial de “terapia de shock” del presidente de Argentina, Javier Milei, está al borde del colapso después de que el Senado argentino rechazó el jueves su amplio decreto ejecutivo en una votación de 42 a 25.
El decreto pasa ahora a la Cámara Baja del Congreso, donde una mayoría simple puede descartar las más de 300 medidas destinadas a desregular la economía argentina, que han estado en vigor desde finales de diciembre. El rechazo a su iniciativa se produce después de que en febrero no consiguiera los suficientes votos para su denominada ley ómnibus, lo que aviva la preocupación de los inversionistas sobre su estrategia legislativa para revivir la economía propensa a la crisis que se precipita hacia la recesión y una inflación del 270 por ciento.
A primera hora del jueves, Milei hizo circular entre los gobernadores y algunos legisladores un nuevo borrador recortado de su proyecto de ley ómnibus que excluye la privatización de la petrolera YPF SA, declara algunos poderes de emergencia y propone una nueva fórmula para calcular el pago de las pensiones, entre otros cambios. La medida ilustra la nueva táctica negociadora de Milei.
Los legisladores de la oposición del partido peronista habían estado presionando a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que celebrara una sesión extraordinaria para votar en contra del decreto desde enero, mientras que un puñado de legisladores moderados se adhirieron a la petición el mes pasado. La resistencia a los continuos llamamientos a una votación se hizo imposible tras el inicio de las sesiones ordinarias este mes, según una persona familiarizada con la decisión de Villarruel.
La oficina de prensa del presidente emitió un airado comunicado en las redes sociales el miércoles por la noche condenando el “tratamiento apresurado” del decreto y expresaba “preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política”. En una rueda de prensa celebrada el jueves por la mañana, el portavoz Manuel Adorni negó múltiples informes de prensa sobre fricciones entre Milei y Villarruel.
El partido de Milei solo cuenta con siete escaños en la Cámara Alta, de 72 miembros, y alrededor del 15 por ciento de los representantes en la Cámara Baja. El decreto desregula varios aspectos de la economía argentina, incluyendo medidas para privatizar empresas, facilitar las exportaciones y poner fin al control de alquileres. Una parte importante del decreto ya había sido suspendida después de que en enero un tribunal argentino considerara inconstitucionales sus reformas laborales.