Las comunidades migrantes en ciudades desde Nueva York hasta Chicago y Los Ángeles siguen en alerta después de que el presidente Donald Trump prometiera iniciar deportaciones masivas y emitiera órdenes que incluyen otorgar a los agentes migratorios el poder de ingresar a hacer redadas a iglesias y escuelas, sitios que anteriormente estaban protegidos.
“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el martes. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”.
Trump prometió que tomaría medidas enérgicas contra las personas migrantes desde el primer día de su nueva presidencia, centrándose en aquellos que hayan cometido delitos violentos. Su principal funcionario del Departamento de Justicia, Emil Bove, advirtió a los fiscales que tenían que cumplir con la agenda de Trump, que apunta a quienes están en el país ilegalmente, los narcotraficantes y las pandillas.
Pero a pesar de la retórica de línea dura y la avalancha de órdenes ejecutivas, hubo pocas señales de aplicación adicional, incluso cuando su zar fronterizo, Tom Homan, le dijo a Fox News que ya se estaban realizando redadas contra personas migrantes en todo Estados Unidos y que ICE arrestó a 308 criminales graves el martes.
En lugares como Little Village de Chicago, refugios de Nueva York y restaurantes de Washington, DC, había ansiedad entre los migrantes por lo que podría suceder, y muchos optaron por mantenerse fuera de las calles.
“Tengo miedo, pero tengo que salir. Tengo que trabajar”, dijo Diana Medrica, quien huyó de Venezuela con su esposo y su hijo hace un año, afuera de un refugio en Brooklyn. “Si llega inmigración, no sé qué haré”.
Trump se ha comprometido a implementar la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, dirigida a unos 11 millones de personas que se encuentran en el país ilegalmente. Ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur y ha anunciado planes para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que provocó impugnaciones legales de los estados liderados por los demócratas.
En Nueva York, el departamento de policía ha dicho a los oficiales que sus reglas les impiden participar en “acciones de control de inmigración llevadas a cabo por ICE” y que las solicitudes de las autoridades federales de inmigración deben someterse a una revisión legal antes de que el departamento brinde asistencia.
La orden de Trump del martes supone un cambio con respecto a una política de larga data que restringía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, así como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la realización de operaciones en escuelas, lugares de culto, hospitales y eventos como bodas y funerales. La revocación elimina las protecciones destinadas a garantizar que los inmigrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestados.
Olivia Golden, directora ejecutiva interina del Centro de Derecho y Política Social, dijo que poner fin a la política de zonas sensibles podría desestabilizar a comunidades enteras. Aumenta las posibilidades de que los niños sean testigos del arresto o de que lo sean sus padres y eleva los niveles de estrés de los maestros y los cuidadores.
“Esta acción podría tener consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes y sus hijos, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, disuadiéndolos de recibir atención médica, buscar ayuda en caso de desastre, asistir a la escuela y realizar actividades cotidianas”, dijo Golden.
Niños migrantes son separados de sus familias en EU
La administración también tomó medidas para disolver el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la era Biden, que trabajaba para reunir a los niños que fueron separados de sus padres bajo la política de separación familiar del primer mandato de Trump.
Durante el gobierno de Trump, unos 4 mil 600 niños migrantes fueron separados de sus padres. Hasta marzo, aproximadamente el 70 por ciento se había reunido con sus familias, según un informe del DHS.
Amy Fischer, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, condenó las medidas, calificándolas de regreso a una “agenda dañina, racista y antiinmigrante”.
“La separación y detención de familias es una práctica intrínsecamente cruel que genera un trauma significativo y duradero para los niños”, afirmó Fischer.
En otra medida, el gobierno reinstauró la controvertida política de “Quédate en México”, conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante. El programa obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son resueltos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. A la mayoría de los migrantes sometidos a la política se les negó finalmente el asilo.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pareció aceptar que Estados Unidos devolvería a ciertos migrantes a México, dando a entender que se trataba de una decisión unilateral.
“Esto no tiene nada que ver con el ‘tercer país seguro’ y todo eso, sino que es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos al respecto?”, dijo Sheinbaum en un comunicado publicado el martes en el sitio web del gobierno mexicano. México “actuará de manera humanitaria” y potencialmente ayudará a los no mexicanos a regresar a sus países de origen, dijo.
Durante las celebraciones de la investidura de Trump el lunes, el gobierno canceló abruptamente el sistema de aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas a lo largo de la frontera sur. La decisión cerró de hecho las vías legales para la mayoría de los solicitantes de asilo.