El presidente Donald Trump está abrumando al sistema político en su intento de doblegar a Estados Unidos a su voluntad, sumiendo a amplios sectores de la burocracia federal en el caos y dejando a la oposición abrumada por el alcance de sus medidas.
La Casa Blanca ofreció el martes por la noche indemnizaciones a los trabajadores federales que no quisieran poner fin a sus contratos remotos. También advirtió que el gobierno planeaba agresivos recortes adicionales a la fuerza laboral federal.
Poco antes, el gobierno había enviado una amplia orden radical que congeló subvenciones y préstamos federales. El memorando, y un documento aclaratorio posterior emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto, decía que los beneficios individuales no se verían afectados. Pero la falta de claridad causó estragos en programas clave, y dejó el estatus de potencialmente miles de millones de dólares en pagos en el aire.
Estos empleados de Trump está en la mira para despedirlos
El anuncio siguió a medidas para despedir a trabajadores federales en roles de diversidad, equidad e inclusión, a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaron Trump y a más de una docena de inspectores generales.
La administración tiene en la mira a la agencia de recursos humanos del gobierno, la Oficina de Gestión de Personal, para instalar a sus aliados en Washington.
El director interino de esa entidad, Charles Ezell, ordenó a los líderes de las agencias federales que envíen listas de empleados fáciles de despedir que aún se encuentran en período de prueba a Amanda Scales, la nueva jefa de gabinete de la entidad.
Scales trabajó hasta hace poco en la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI. Ezell ordenó además a las agencias federales que “determinen si esos empleados deben ser retenidos”.
El senador republicano por Iowa Chuck Grassley se unió su par demócrata Dick Durbin al pedir a Trump que justifique los despidos de inspectores generales, como lo exige la ley. Pero no está claro si el Congreso puede hacer más para obligar a rendir cuentas. El presidente tiene el mandato de dar al Congreso un aviso de 30 días para expulsar a un organismo de control independiente.
“La congelación de las subvenciones federales, el despido de todos los inspectores generales, la inmunización de la violencia política: ¿acaso no ven lo que está sucediendo?”, escribió el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut en X. “En un ataque relámpago, Trump está intentando derrumbar nuestra democracia —y probablemente nuestra economía— para tomar el control”.
Un gran número de trabajadores de salud de primera línea en el Departamento de Asuntos de Veteranos, de funcionarios que procesan préstamos para nuevas viviendas o pequeñas empresas, y de contratistas que ayudan a adquirir la próxima generación de armamento militar podrían dirigirse a la salida al mismo tiempo.
El gobierno federal de Estados Unidos emplea a más de 3 millones de personas, lo que lo ubica en la 15ta fuerza laboral más grande del país. La permanencia promedio de un empleado federal es de casi 12 años, según un análisis del Pew Research Center a datos de la Oficina de Administración de Personal.