La decisión de la Corte Suprema este viernes de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense supone un gran revés judicial para la agenda del presidente Donald Trump, al considerar que se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país.
El Supremo determinó, con una clara mayoría de 6-3, que la Administración abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 al utilizarla como base para imponer gran parte de los aranceles aplicados desde el pasado abril, al entender que esa legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.
El alto tribunal sostiene que los aranceles son un tipo de impuesto y que la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales sobre tributos.
En contra, votaron los conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que defendieron que esta ley puede usarse en materia de política exterior y es preferible errar a favor de dar poder al Ejecutivo.
¿Qué cambia con la decisión de la Corte sobre los aranceles de Trump?
El fallo cierra la puerta a que el presidente utilice la IEEPA para imponer aranceles amplios y de carácter general con el argumento de una emergencia económica nacional, restringiendo este instrumento a usos tradicionales como sanciones financieras o bloqueo de bienes.
La sentencia no impide que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar gravámenes, como las disposiciones sobre seguridad nacional o medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales.
No obstante, el Supremo —en un giro frente a opiniones anteriores favorables al republicano— ha enviado una señal clara de que esas facultades deberán ejercerse dentro de límites concretos y sin utilizar las leyes existentes como un pretexto para rehacer la política arancelaria sin pasar por el Congreso.
¿Qué aranceles están afectados y cuáles no?
La sentencia invalida los llamados “aranceles recíprocos” y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con un tipo mínimo del 10 por ciento.
Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 por ciento los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.
La medida también alcanza el arancel del 25 por ciento aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10 por ciento a China, que la Casa Blanca vinculó a la falta de esfuerzos suficientes contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.
Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.
¿Qué pasará con el dinero recaudado?
Desde el 2 de abril de 2025, el “Día de la Liberación” del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recaudado unos 240 mil millones de dólares por esta vía.
Según la firma Capital Economics, si el Tesoro se ve obligado a devolver ese dinero, el costo rondaría los 120 mil millones de dólares. El magistrado Kavanaugh, en su opinión de disenso, consideró que este proceso de reembolso sería un “caos”.
Tribunales inferiores ya habían señalado que, si los aranceles basados en la IEEPA eran finalmente declarados ilegales, el Gobierno federal podría verse obligado a reembolsar las cantidades cobradas a los importadores.
Sin embargo, no está claro si la Administración establecerá un proceso de reembolso o si se requerirá que las empresas presenten una reclamación ante la Corte de Comercio Internacional.
¿Qué ha dicho Trump hasta ahora sobre los reembolsos?
Aunque hasta el momento la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto, Trump ha insistido en varias ocasiones en que sería “muy decepcionante” que el Supremo invalidara sus aranceles y ha vinculado estas medidas al éxito económico de su Administración y a su capacidad para presionar a otros países en materia de política exterior y comercio.
En declaraciones recientes, el mandatario ha advertido de que obligar a devolver los ingresos arancelarios supondría “cientos de miles de millones de dólares” asegurando que reembolsar esas sumas sería “casi imposible” y un “completo desastre” para la economía estadounidense.
