5 acciones para proteger a las personas en movimiento durante la pandemia del COVID-19

La pandemia del COVID-19 afecta desproporcionadamente a los más vulnerables del mundo. Entre ellos se encuentran más de 70 millones de personas desplazadas forzadamente en todo el mundo (refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos), así como trabajadores migrantes, incluidos los inmigrantes indocumentados.

Muchas de estas mujeres, hombres y niños viven en campamentos formales e informales, centros de recepción o en centros de detención. Otros viven en las calles en viviendas informales. La mayoría carece de acceso a servicios básicos como agua limpia, saneamiento o acceso adecuado a la atención médica, y muchos no tienen un status legal.

En estos entornos, las medidas preventivas a menudo no son posibles. ¿Cómo podemos pedir a las personas que se protejan cuando no tienen fácil acceso al agua o al jabón? ¿O se aíslen cuando viven en carpas junto a otras 10 personas?

El distanciamiento físico es difícil e imposible en campamentos superpoblados y entornos urbanos densos, donde las personas viven juntas en pequeños refugios congestionados con muchos miembros de la familia. Tener que hacer fila para obtener puntos de agua y alimentos aumenta los riesgos de contaminación.

En muchos entornos, las personas desplazadas viven en la inseguridad, se enfrentan al riesgo de arrestos o abusos, y pueden ser estigmatizadas como 'portadores de enfermedades' en un contexto de mayor xenofobia, acceso limitado a la información confiable y, a veces, dependen totalmente de la ayuda humanitaria. En muchas áreas, dicha ayuda es limitada.

Además, en varios lugares la pandemia se está utilizando como una excusa para castigar a las personas en movimiento y quienes buscan cuidarlos. Al menos 167 estados han cerrado total o parcialmente sus fronteras para contener la propagación del COVID-19; 57 no hacen excepciones para las personas que buscan asilo, de acuerdo con la ACNUR.

Quienes buscan seguridad y refugio están siendo rechazados en tierra y en el mar, a menudo devueltas o transferidas a países donde pueden enfrentar serias amenazas a su vida o libertad. Junto con los cierres de fronteras para limitar la propagación del brote, muchos estados también niegan deliberadamente la entrada a los solicitantes de asilo o impiden indirectamente su acceso.

Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a estas personas especialmente vulnerables?

En primer lugar, debemos asegurarnos de que el COVID-19 no se use como excusa para hacer cumplir las políticas de control de migración letales. Los gobiernos no deben usar el padecimiento como una excusa para hacer cumplir políticas restrictivas de control de la migración y evadir las obligaciones internacionales hacia los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

Entendemos los serios desafíos presentados por COVID-19, pero salvaguardar el bienestar de aquellos en su propio país y cumplir con sus obligaciones internacionales hacia los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes no son principios mutuamente excluyentes.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de bloquear los procesos de solicitud asilo y cerrar la frontera con México, con la justificación de frenar la propagación del COVID-19, amenaza la salud y la seguridad de miles de personas que buscan protección internacional en EU y que son obligadas a regresar a México.

En total, ambos países han retornado al menos a 6 mil 500 guatemaltecos, 5 mil hondureños y mil 600 salvadoreños entre marzo y mediados de abril. La negativa de gestionar peticiones de asilo emitida por la administración Trump, supone un riesgo adicional para las personas que huyen de la violencia y que en caso de ser deportados, se enfrentarán al doble riesgo del COVID-19 y las amenazas hacia su propia vida

En segundo lugar, necesitamos garantizar que se respeten los derechos humanos. Los gobiernos no deben usar las medidas de salud pública de emergencia de COVID-19 para apuntar a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

Todas las restricciones a los derechos deben ser estrictamente necesarias, basadas en evidencia científica y no aplicadas de manera arbitraria o discriminatoria. Deben ser de duración limitada, respetuosos de la dignidad humana, sujetos a revisión y proporcionados. Los gobiernos también deben continuar permitiendo que las personas sigan procesos legales para solicitar asilo.

En tercer lugar, los bloqueos y la cuarentena masiva no se pueden aplicar de manera discriminatoria. Las medidas de cuarentena y bloqueo deben aplicarse por igual a todos sin discriminación; atención médica, apoyo social y psicosocial, y necesidades básicas como alimentos, agua y otros elementos esenciales deben ser provistos a aquellos en cuarentena; y la cuarentena masiva debe evitarse siempre que sea posible. Forzar a las personas a vivir en campamentos superpoblados y antihigiénicos siempre fue irresponsable, pero ahora lo es más debido a la amenaza COVID-19.

En cuarto lugar, las personas desplazadas en riesgo deben ser evacuadas siempre que sea posible. Donde sea posible, MSF está pidiendo la evacuación de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables. En Grecia, en los puntos críticos de la isla, MSF está pidiendo la evacuación de las personas más expuestas (adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, diabetes u otras complicaciones de salud), así como esfuerzos continuos para descongestionar los campamentos, incluida la reubicación de menores no acompañados y niños enfermos a otros estados miembros de la UE.

En Libia, MSF pide a la comunidad internacional y a los gobiernos europeos que establezcan corredores de evacuación humanitarios directos para los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo más vulnerables expuestos a los riesgos más inminentes que amenazan la vida, incluidos los atrapados en centros de detención en todo el país y en otros lugares de cautiverio.

En quinto lugar, necesitamos salvaguardar el acceso a la atención médica para todos. Las medidas de control del COVID-19 no deben costar el acceso a la atención médica que se necesita con urgencia. Esto significa que el cierre de las fronteras no debe impedir que los suministros médicos y humanitarios que se necesitan con urgencia, así como el personal médico y humanitario, ingresen a los países. Además, los gobiernos deben garantizar que las restricciones en el campamento, la detención o la recepción no impidan que las personas accedan a la atención médica.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

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