Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de Bolivia, envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en ocho muertes y elevó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.
"Este proyecto puede ser perfectible y sirve de base para el consenso", dijo Áñez en una rueda de prensa en alusión a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría parlamentaria.
"El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país", aseguró.
El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.
La Constitución establece tres meses para llamar a comicios una vez que asume un interino. El calendario de las futuras elecciones será definido por el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos miembros serán elegidos en los siguiente 15 días por los legisladores, explicó a su vez el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
La Asamblea Legislativa tenía previsto reunirse este miércoles en la noche.
Más temprano, el ejército y la policía rompieron el cerco que por varios días mantenían seguidores de Morales en una planta de combustibles que surte a La Paz y El Alto. El número de fallecidos subió a ocho a medida que ubicaron a más víctimas en hospitales, según confirmaron la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses.
Hasta ahora al menos 30 personas han muerto en casi un mes de protestas, dos de ellos policías.
La escasez de combustible está asfixiando a las dos ciudades de dos millones de habitantes y el control del deposito de combustibles de Senkata, en las afueras de El Alto, se ha vuelto el más reciente símbolo de la lucha entre el gobierno interino y los seguidores del expresidente. Los manifestantes piden la renuncia de Áñez, quien asegura que preside el gobierno con la única misión de llamar a nuevos comicios.
Antes del anuncio, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se exhortó a las autoridades interinas a convocar "urgentemente" a elecciones.
Desde México, donde se encuentra asilado, Morales comentó en rueda de prensa que si ayudan a pacificar el país las nuevas elecciones son bienvenidas, al tiempo que llamó a crear una "comisión de la verdad" que investigue los comicios del 20 de octubre, que según la oposición y una misión de observación de la OEA estuvieron marcados por diversas irregularidades.
Morales renunció hace poco más de una semana, el 10 de noviembre, y desde entonces ha habido manifestaciones prácticamente a diario. Las más recientes confrontaciones ocurrieron en El Alto, donde manifestantes bloquearon una planta de distribución de combustible, la cual recuperaron soldados y policías para reanudar la entrega de gasolina.
El barrio Senkata, en El Alto y donde se encuentra la planta de distribución, parecía en guerra este miércoles.
Un puente de concreto estaba caído en medio de la carretera y los escombros de los muros derribados con explosivos por manifestantes llegaban al interior de la planta, mientras la gente buscaba a sus familiares en hospitales cercanos.
En 2003, en medio de una revuelta popular (uno de cuyos líderes era el entonces dirigente cocalero Morales), un operativo de desbloqueo de esa misma planta derivó en la muerte de más de 65 manifestantes y provocó la dimisión y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"A los muertos los llevaron a la planta (de combustible), ahora no hay. Que se investigue, pedimos justicia", reclamó con la voz entrecortada Helena Vargas.
La víspera policías y militares encontraron resistencia en los manifestantes. Los seguidores de Morales volaron un muro con dinamita y una pasarela de concreto, informó el ministro de Defensa, Fernando López.
"Estamos ante hordas vandálicas que pretendían volar la planta con explosivos, lo cual hubiera ocasionado una tragedia de magnitud", explicó en rueda de prensa.
Su colega de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a Morales de "sedición" y mostró a la prensa un video en el que supuestamente desde México el líder político instruye a uno de sus seguidores a mantener "cerco a las ciudades".
El gobierno asegura que los manifestantes, que exigen la renuncia de Áñez y el regreso del exmandatario, son pagados por exfuncionarios de Morales. La policía reportó que detuvo a varios con mochilas llenas de dinero.
La de Senkata es la única planta que abastece de combustible y gas doméstico a los más de dos millones de habitantes de La Paz y El Alto.
La falta de combustible empeoró la situación en ambas urbes. El transporte es escaso, la basura se amontona en las calles, las filas para abastecerse de carne y otros productos son interminables y los bloqueos de carreteras impiden el ingreso de alimentos, pudieron observar periodistas de AP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a los militares que apoyan el control de la seguridad interna.
Según analistas, el país quedó partido en dos tras el fin del ciclo político que lideró durante casi 14 años el primer presidente indígena, que tuvo una buena gestión económica pero salpicada por casos de corrupción, autoritarismo y su ambición por reelegirse aun cuando la constitución y un referendo de 2016 le negaban esa posibilidad.
Mediadores de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europa y los obispos católicos hacían esfuerzos para dialogar con los sectores en protesta. Tras la renuncia de Morales, el MAS ha quedado prácticamente descabezado.