Suman mil 333 detenidos, 37 heridos graves y 11 muertos por enfrentamientos en Chile

La postal de la capital de Chile, donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país, era este lunes de innumerables filas delante de supermercados que esperaban ansiosos para abastecerse ante el temor de que se repitan las escenas del fin de semana de protestas y saqueos en tiendas que paralizaron buena parte de las actividades en Santiago y que han dejado 11 fallecidos hasta ahora.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó, por otra parte, que desde el inicio del estallido social en Chile, hace cuatro días, mil 333 personas fueron detenidas y 37 personas fueron heridas por armas de fuego.

Aunque la capital chilena parecía volver a la calma luego de tres días de protestas, y que llevaron al presidente Sebastián Piñera a decir que el país está "en guerra" contra un enemigo poderoso, decenas de miles de personas se vieron afectadas por las limitaciones en el transporte público y la búsqueda de la gente de conseguir insumos en supermercados, la mayoría de ellos cerrados aún.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para proveerse de lo estrictamente necesario y no sobre consumir", exhortó en un mensaje televisivo Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. "Seamos prudentes en el consumo para no hacer colapsar el sistema".

Un día después de la declaración del presidente Piñera, el jefe del ejército pareció desmarcarse. "Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie", dijo el general Javier Iturriaga, responsable del orden público en Santiago.

Mientras, la expresidenta chilena y actual alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió a todas las partes a dialogar y a que cualquier protesta se haga de manera pacífica.

"Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días", afirmó Bachelet, citada en un comunicado de su oficina. "Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes."

Chile ha vivido intensos días de protestas que iniciaron la semana pasada cuando el gobierno anunció un alza a la tarifa del subterráneo. Estudiantes fueron los primeros en protestar, pero las manifestaciones rápidamente se extendieron a otros sectores y se tornaron violentas al grado de incendiar tiendas y los mismos trenes del metro.

Analistas, políticos y hasta el propio Piñera, admiten que uno de los gérmenes de la violencia desatada en el país es la gran desigualdad social de Chile, donde la mayoría de los trabajadores de los tienen ingresos mensuales entre los 400 mil y 500 mil pesos mensuales (entre 562 y 703 dólares), y los jubilados reciben pensiones calificadas por varios como "de hambre".

En muchos suburbios el temor a los saqueos llevó a que centenares de vecinos se organizaran, muchos vistiendo chaquetas amarillas con fierros, palos y hasta palas, se aprestaran a defender sus casas ante posibles saqueos.

Los muertos en disturbios se elevaron a 11 el lunes, según informó este lunes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que precisó que diez murieron calcinados y uno fue baleado por militares.

Las protestas llevaron a suspender las operaciones de buena parte del metro y el Gobierno reforzó con 465 autobuses del transporte público.

Los ataques al subterráneo dañaron 85 estaciones, el 85 por ciento de la red que diariamente transporta a 2.4 millones de personas y que este lunes tenía funcionando parcialmente una de seis de sus líneas. Las otras cinco tardarán semanas o meses en ser restablecidas.

Antonio Vargas, empleado de un pequeño comercio de alimentos, comentó a The Associated Press que tardó casi el doble de tiempo en llegar a su trabajo a bordo de un autobús del transporte público.

Este lunes también se suspendieron las clases para más de dos millones de estudiantes secundarios y universitarios, y miles de personas trabajaban desde sus casas o vieron suspendidos sus jornadas laborales.

El caos cayó sobre la ciudad el viernes último, cuando violentas protestas y actos vandálicos (con saqueos a supermercados y farmacias, entre otros comercios) siguieron a manifestaciones masivas de estudiantes desde el lunes pasado en rechazo a un alza tarifaria en el subterráneo (de 1.12 a 1.16 dólares) que se tradujeron en usarlo sin pagar. El alza fue anulada el sábado por Piñera y este lunes debía ser tramitada por el Senado.

El desorden generalizado se extendió a ciudades del norte y sur del país y Piñera reaccionó implantando estados de emergencias en una docena de grandes centros urbanos, en varios de los cuales los jefes militares a cargo del orden público implantaron el toque de queda.

Giorgio Agostini, sicólogo clínico y sicólogo social, dijo a la AP que en las últimas horas recibió llamados de "pacientes angustiados" porque la actual situación les recuerda al caos vivido durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, con filas en busca de alimentos y desórdenes, que se debaten ante la incertidumbre.

Consideró que detrás de la actual crisis se esconden grupos anarquistas que movilizan a muchos a través de las redes sociales "para generar molestias, revueltas" y que los más susceptibles a seguirlos son jóvenes con carencias valóricas y materiales, con privaciones, y familias desestructuradas, que además esgrimen problemas reales como la fuerte desigualdad económica y social de Chile, con bajos salarios, remedios caros y mala educación.