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Escándalo de corrupción tumba a vicepresidenta de Guatemala

Roxana Baldetti es investigada para determinar su participación en una red de corrupción aduanera presuntamente liderada por su exsecretario privado. 

CIUDAD DE GUATEMALA.- La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, presentó su renuncia por "motivos personales", anunció el viernes el presidente Otto Pérez Molina, luego de que se iniciara una investigación sobre la funcionaria para determinar su participación en una red de corrupción aduanera.

Las autoridades desmantelaron el mes pasado una estructura criminal que recibía sobornos de los importadores para evadir al fisco y que presuntamente era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Baldetti.

"Ahora tomó la decisión de renunciar y está dispuesta a colaborar y atender cualquier situación que esclarezca su no participación en la estructura de la línea", como se denominó al grupo criminal.


La Corte Suprema de Justicia consideró que las menciones a "la señora" o "la 2" en algunas de las más de 66 mil escuchas telefónicas realizadas por los investigadores eran sustento suficiente como para abrir un antejuicio para retirarle la inmunidad.

Baldetti, de 52 años, había solicitado un amparo para revertir la decisión de la Corte Suprema, pero éste fue rechazado.

También este viernes, la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, unidad de la ONU encargada de investigar grupos paralelos dentro del Estado, informaron que detuvieron a cinco abogados que habrían sobornado a la jueza Marta Sierra Stalling para lograr que dejara en libertad a tres cabecillas de la red.

Las autoridades también solicitaron el retiro de la inmunidad a Sierra para investigarla por soborno y revocaron las medidas sustitutivas de prisión que la jueza dio a los implicados en el desfalco.

También se decretó orden de captura internacional para el empresario guatemalteco Luis Mendizábal, quien está prófugo y es considerado por las autoridades uno de los enlaces de los defraudadores para lograr los sobornos a la jueza.

Según la comisión y la fiscalía, la red supuestamente dirigida por Monzón Rojas estaría integrada por al menos 50 funcionarios y particulares.

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