Funcionarios brasileños denunciaron problemas antes de incendios en la Amazonia

El vasto estado brasileño de Amazonas fue uno de los más afectados por la reciente ola de incendios en la Amazonia, con más de 6 mil 600 fuegos en agosto, dos veces y media más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso The Associated Press muestran que el gobierno de Brasil comenzó procedimientos legales para transferir a todos los empleados de las cuatro agencias regionales de protección ambiental, que son las responsables de proteger la selva de la deforestación, la apropiación de tierras y los incendios no permitidos.

Esto amplía el desgaste del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Ibama por sus siglas en portugués, cuyas operaciones de campo parecen haberse reducido notablemente desde principios de año. Los fondos del organismo para gastos discrecionales y ejecución de operaciones bajaron este año 24 por ciento, una reducción importante en lo que dos expertos calificaron ya de presupuesto escaso.

La rebaja presupuestaria se enmarca en una iniciativa más amplia en favor de la austeridad del presidente, Jair Bolsonaro, quien asumió el 1 de enero y busca controlar el gasto de un ejecutivo con problemas económicos. Pero los críticos apuntan que el dirigente también se quejó de que las leyes ambientales frenan el desarrollo en la Amazonia.

El personal del Ibama sostiene que las oficinas regionales son críticas para su trabajo, ya que les proporcionan un conocimiento más cercano de las zonas problemáticas y una respuesta más rápida en el estado más grande del país, que supera en tamaño a Texas, California y Montaña juntos.

Los agentes de la agencia ambiental suelen adentrarse en las profundidades de la selva a bordo de helicópteros o barcos, con chalecos antibalas y armas para confrontar a los madereros o agricultores que talan los árboles y después provocan incendios para limpiar la tierra sin autorización.

El notable aumento en el número de incendios registrados este año despertó preocupación en todo el mundo porque la selva amazónica actúa como un bastión ante el cambio climático. Su frondosa vegetación absorbe dióxido de carbono y la humedad que desprenden sus árboles afecta a los patrones de lluvia y al clima tanto en Sudamérica como más allá.

Bolsonaro comentó a reporteros que asistirá a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre para ofrecer un discurso centrado en la Amazonia, que dijo que fue "ignorada" por los anteriores gobiernos.

Su ejecutivo sostiene que la falta de oportunidades económicas y la abrumadora burocracia en la Amazonia brasileña contribuyen a la descontrolada deforestación ilegal. La región podría estar protegida al tiempo que se permite más desarrollo del que los ambientalistas consideran seguro.

Bolsonaro movilizó al ejército para ayudar en las labores de extinción de incendios y prohibió los fuegos de desmonte en la región durante 60 días.

Pero el presidente se resistió a los esfuerzos para tratar a la Amazonia como un asunto global, enfrentándose con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien, durante el apogeo de los fuegos le dijo: "No podemos permitir que usted lo destruya todo".

Bolsonaro acusó también a grupos no gubernamentales de ineficiencia y de intentar socavar la economía brasileña al evitar el desarrollo de la región.

El presidente tampoco es un gran fanático del Ibama y de sus acciones, y se quejó de que una "industria de multas" ralentizó el desarrollo económico en la mayor nación latinoamericana.

"No permitiré que el Ibama reparta multas a diestra y siniestra", apuntó Bolsonaro antes de asumir la presidencia. Este asunto tiene una vertiente personal para él: Hace años fue sancionado por la agencia por pescar en una zona protegida.

Bolsonaro y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, también han hablado sobre terminar con la autoridad legal de la agencia para quemar los equipos pesados utilizados por madereros sin permisos.

Los críticos afirman que ese escepticismo y los recortes presupuestarios han tenido impacto sobre el terreno. Las operaciones de los agentes del Ibama entre enero y abril se redujeron un 58 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos oficiales obtenidos por el grupo brasileño Climate Observatory. El declive comenzó con el anterior gobierno en 2018, cuando las operaciones bajaron 23 por ciento, pero se aceleró en 2019.

Los fiscales del estado nororiental de Pará, que limita con el de Amazonas, están investigando la relación entre la reducción de las labores del Ibama y el incremento de los incendios este año, que alcanzaron un ritmo que no se veía desde 2010.

Según el fiscal federal Ricardo Negrini, las autoridades no actuaron cuando su oficina advirtió de reportes de que agricultores en Pará habían pedido "un día de incendios" para iniciar múltiples fuegos el 10 de agosto.

El Ibama informó a la fiscalía que no podía intervenir porque las fuerzas policiales del estado se negaban a ofrecerles protección. En alguna ocasión, el personal de la agencia recibió disparos como respuesta al enfrentar a madereros y mineros ilegales.

Negrini dijo que descubrió que la policía estatal llevaba meses negándose a escoltar a agentes del Ibama pese al largo historial de cooperación entre los dos organismos. Documentos vistos por la AP muestran que las fuerzas policiales rechazaron seis pedidos del departamento medioambiental en junio y julio.

En los papeles, la policía indica que la ausencia de un acuerdo de cooperación oficial les impide participar en ese tipo de operaciones, aunque Negrini dijo que ese problema nunca existió en el pasado.

Ni el Ibama ni el Ministerio de Medio Ambiente respondieron a las peticiones de comentarios.

Pero en los últimos meses, cientos de empleados del Ibama y de otra agencia pública, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, firmaron cartas denunciando lo que afirman que es una negligencia gubernamental hacia el medio ambiente.

Diez empleados de las agencias entrevistados por la AP se quejaron de una creciente sensación de censura, intimidación y represalias por parte de sus superiores.

"Esto no es un problema de una transición difícil (de un gobierno a otro) porque la gente esté intentando entender cómo hacer su trabajo", afirmó André Barbosa, presidente de una asociación de empleados ambientales federales en Río de Janeiro. "Este es un proyecto para derribar el sistema, para que la gente ya no tenga capacidad para trabajar".

En respuesta a este tipo de quejas de funcionarios públicos, fiscales federales hicieron público un comunicado este mes pidiendo a las autoridades gubernamentales que refuercen la protección ambiental y eviten alentar las infracciones o deslegitimizar el trabajo de los agentes del Ibama.

Además, dieron a las autoridades un plazo de 30 días para presentar información que demuestre que emplearon "criterios técnicos" para nombrar a los nuevos supervisores, muchos de ellos con un pasado militar.