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Los casos de COVID-19 aumentan rápidamente en toda Venezuela, pero el Gobierno de Nicolás Maduro restringió las pruebas a dos laboratorios estatales en Caracas, evitando la participación de laboratorios privados y de universidades y aumentando el temor de que el nuevo coronavirus no se diagnostique mientras el país asegura tener una baja cifra de casos.
Felix Oletta, médico especializado en infectología que fue ministro de Salud a fines de la década de los noventa, aseguró que están controlando la información epidemiológica como si fuera un secreto de Estado, y que implementar el control social a través de un monopolio de información es más importante para el Gobierno que acortar el periodo de diagnóstico.
En comparación con los países vecinos, Venezuela parece haberse visto solo levemente afectada por la pandemia, pero su caída en los últimos siete años en disfunciones y desastres humanitarios hace que sea difícil tomar en serio los datos oficiales.
Cerca de 5 millones de personas han emigrado del país y, ahora, con 28 millones de habitantes, afirma haber tenido solo unos 12 mil casos y 116 muertes. En total, América Latina da cuenta de 3.9 millones de personas contagiadas y cerca de 167 mil muertes.
Por muy reales que sean esas cifras, los casos parecen haberse duplicado en las últimas semanas, probablemente como resultado del regreso de venezolanos desde Colombia y Brasil, donde la pandemia ha tenido un fuerte impacto. Los expertos dicen que el frágil sistema de salud pronto se verá colapsado.
El Gobierno otorgó al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en Caracas, y a un laboratorio satélite recientemente abierto en las cercanías las únicas licencias para realizar pruebas, negándose a autorizar a una serie de laboratorios privados y de Universidades, según cinco personas con conocimiento de la situación, eso pese un acuerdo alcanzado en junio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para descentralizar las pruebas.
El Gobierno Federal de Venezuela no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Miedo a confiscación de equipos
Los laboratorios temen que si realizan pruebas sin permiso, el Gobierno pueda tomar medidas contra ellos, incluida la confiscación de sus equipos, según un proveedor de laboratorios con conocimiento directo de la situación.
A principios de marzo, funcionarios del Ministerio de Salud confiscaron entre 100 y 200 pruebas de un laboratorio privado en un hospital de la zona este de Caracas.
Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (FECOBIOVE), declaró que su grupo está recomendando a los laboratorios privados no comprar equipos o kits para pruebas porque la amenaza de incautación o investigación criminal es alta. Durante el brote viral de H1N1 2009, se cerraron algunos laboratorios por procesar pruebas sin el consentimiento del Gobierno, resaltó.
Dado que los resultados tardan entre dos y cuatro semanas en llegar, si es que lo hacen, y pese a haberse sometido a las pruebas, muchos de los que se han enfermado quedan con la duda de si realmente contrajeron COVID-19.
La semana pasada, en una conferencia de prensa, José Manuel Olivares, médico internista y parlamentario de oposición, señaló que se pierde la oportunidad de rastrear y aislar a los pacientes cuando hay que esperar 14 días, y agregó que al menos 72 personas que han muerto por el nuevo coronavirus han sido excluidas de las estadísticas oficiales.
Escoltadas por militares
Mientras que algunas muestras son transportadas hasta los laboratorios de Caracas en avión, la mayoría lo hace en automóvil, a veces escoltadas por militares, contaron dos médicos y dos legisladores con conocimiento del proceso. Cuando llegan las pruebas, se unen a un gran grupo de otras muestras de todo el país.
El principal laboratorio de Caracas tiene capacidad para procesar dos mil pruebas diarias, mientras que la capacidad del laboratorio recién abierto no se ha dado a conocer. La tasa de dos mil tests por día está muy por debajo de las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que los casos positivos diarios representan cerca de 20 por ciento del total de pruebas realizadas. Las pautas exigen que esa tasa sea inferior a 10 por ciento.
Una doctora del Hospital Universitario de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, que solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó que fue dada de alta después de una hospitalización de tres semanas sin los resultados de dos pruebas, debido a que nunca llegaron. Y no puede volver a trabajar porque todavía no ha recibido los resultados de una tercera prueba. Algunos de los fallecidos en Maracaibo nunca llegaron a aparecer en las cifras oficiales del país.
El Gobierno adelantó que incrementará la capacidad de prueba. Se está implementando un tercer laboratorio, también cerca de Caracas, según la OPS, pero nada más en otras partes del país donde la pandemia se está extendiendo rápidamente.
El nuevo laboratorio funcionará como una extensión del Instituto Nacional de Higiene y toda la información se centralizará a través del Ministerio de Salud, dijo un virólogo familiarizado con el avance de uno de los nuevos laboratorios. El país necesita instalaciones de prueba en el campo, especialmente en el estado Zulia, agregó el virólogo.
León, el bioanalista, sostuvo que todos saben que los casos están siendo reportados de manera insuficiente y que al Gobierno no le importa la cifra real.