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Gobierno venezolano califica como 'ridículo' las sanciones de EU a funcionarios

El canciller, Jorge Arreaza, dijo a la televisora VTV, que las sanciones impuestas por Estados Unidos son ridículas y son por ser por la vinculación de la Asamblea Constituyente. 

Estados Unidos hace el "ridículo" con las sanciones que impuso contra un hermano del fallecido líder Hugo Chávez y otros siete funcionarios venezolanos por su vinculación con la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, dijo este miércoles el gobierno de Caracas.

"No respetan ningún criterio, ningún principio elemental del derecho internacional (...). Quedan en ridículo ante el mundo. Venezuela no puede ser sancionada por nada ni por nadie", dijo el canciller Jorge Arreaza a la televisora estatal VTV, al rechazar "enfáticamente" las medidas.

El Departamento del Tesoro aplicó sanciones financieras contra Adán Chávez, Francisco Ameliach, Erika Farías, Carmen Meléndez, Ramón Vivas y Hermann Escarra, todos elegidos para la Constituyente en las votaciones del 30 de junio; Tania D'Amelio, directiva del poder electoral; y Bladimir Lugo, militar encargado de la seguridad del Parlamento de mayoría opositora. 

La Constituyente, que la oposición venezolana califica como un "fraude" que pretende instaurar una "dictadura", se puso en marcha la semana pasada bajo fuertes críticas internacionales. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 11 países latinoamericanos la han desconocido.

"¿Cuándo se había visto en la historia de las relaciones internacionales que un centro de poder (...) tratara de condenar a ciudadanos por haber organizado unas elecciones?", manifestó Arreaza.

No obstante, el diplomático insinuó que, en el caso de Adán Chávez, la decisión de Washington "pareciera que es más por ser hermano del comandante Hugo Chávez (presidente de Venezuela desde 1999 hasta
su muerte en 2013) que por ser miembro" de la Constituyente.

Ello, expresó Arreaza, "devela y delata la arbitrariedad más absoluta".
Las medidas contemplan el congelamiento de bienes que los funcionarios puedan tener en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos de ese país a hacer negocios con ellos.

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